Una coalición de veinte fiscales generales, encabezada por California y Nueva York, presentó una demanda contra la administración del presidente Donald Trump tras la orden del Departamento de Agricultura (USDA) de entregar datos sensibles de millones de beneficiarios del programa de asistencia alimentaria SNAP, conocido como cupones para alimentos.
La medida federal exige a los estados proporcionar información detallada como nombres, fechas de nacimiento, números de Seguro Social, direcciones, estatus migratorio, historial educativo y laboral, así como registros de transacciones de hasta cinco años. Según la demanda, la orden viola leyes de privacidad estatales y federales y pone en riesgo la seguridad de familias de bajos ingresos, muchas de ellas inmigrantes.
El USDA argumenta que la solicitud de datos es necesaria para combatir fraude, desperdicio y abuso del programa. Sin embargo, funcionarios estatales y organizaciones de derechos civiles señalan que el verdadero objetivo es utilizar esta información para identificar y deportar a inmigrantes, lo que, dicen, convertiría a SNAP en una herramienta de vigilancia gubernamental.
Además, la administración federal estadounidense advirtió que podría retener fondos de los estados que no entreguen la información antes del 30 de julio. En paralelo, otras dependencias del gobierno acordaron pausar esfuerzos similares de recopilación de datos en al menos 20 estados, hasta el 3 de septiembre, mientras avanza el litigio.
La disputa forma parte de una serie de controversias legales recientes, ya que la administración Trump también ha intentado acceder a datos de beneficiarios de Medicaid y del IRS para apoyar políticas migratorias, lo que ha generado múltiples demandas en todo el país.