Amanda Roberta García González, magistrada federal del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, es tesorera de una empresa agropecuaria que supuestamente ha sido utilizada para defraudar, al menos, a 11 personas por casi 70 millones de pesos, de acuerdo con una investigación de Zósimo Camacho, reportero de Contralínea.
En el reportaje, también se denuncia a Alberto Limón Lasón González, quien trabaja como secretario del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, es decir, del mismo Tribunal que la magistrada, de quien se presenta como “su familiar”. Él es socio y presidente del Consejo de Administración de dicha empresa agropecuaria.
La empresa de la magistrada que votó a favor de descongelar las cuentas de la esposa de García Luna, es la Corporación Rancho San José, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (SPR de RL de CV), está ubicada en el municipio Doctor Mora, en Guanajuato.
De acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad de Guanajuato, la Corporación Rancho San José está acusada formalmente de participar en los fraudes. El giro de la empresa es la cosecha de hortalizas y vegetales para exportación hacia Estados Unidos.
La Unidad de Inteligencia Financiera denunció que el Tribunal integrado por la magistrada Amanda Roberta García González, el presidente Rolando González Licona y el magistrado Eduardo Baltazar Robles, votaron por unanimidad desbloquear las cuentas de Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa de Genaro García Luna, quien está denunciada ante la Fiscalía General de la República por delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El fallo fue emitido el mismo día que el exsecretario fue encontrado culpable de narcotráfico en Estados Unidos.
De acuerdo con dos sistemas de bases de datos de información legal y judicial consultados por Contralínea, hay al menos, 11 personas defraudadas por alrededor de 70 millones de pesos, quienes ya presentaron demandas penales y mercantiles.
Según la información que el medio recabó, las personas defraudadas habrían entregado a Alberto Limón cantidades que van de los 460 mil a los 22 millones de pesos, entre 2017 y 2022.
Contralínea mostró un documento del Registro Público de Comercio de San José Iturbide, en el cual se identifica a Alberto Limón como el presidente la empresa utilizada en los supuestos fraudes, y al mismo tiempo, su “familiar”, la magistrada García González, es la encargada de vigilar y administrar los recursos que ingresan al Corporativo Rancho San José.
La magistrada omitió informar en la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses que presentó el 24 de mayo de 2022 ante el propio Poder Judicial de la Federación, de su participación en la Corporación Rancho San José; donde declaró ser propietaria de siete bienes inmuebles (un edificio y seis casas) que adquirió por 24 millones 198 mil pesos y que, en la mayoría de los casos, pagó de contado. Además, declaró poseer tres vehículos de lujo: una camioneta Infiniti, un automóvil Jaguar y una camioneta Outlander.
Pero esos dos casos, no son las únicas irregularidades en las que se ha visto envuelta la magistrada. Otra irregularidad data del año 2000, cuando amparó a giros negros que habían sido cerrados por las autoridades locales del entonces Distrito Federal. En esa época, como jueza sexta administrativa, concedió suspensiones provisionales y definitivas a favor de establecimientos que no cumplían con las leyes y en los que, se presumía, se venden drogas ilícitas y se cometían delitos como trata de personas.
La delegada en Iztacalco en esos momentos, Diana Bernal, interpuso cuatro quejas administrativas en contra de García González ante el Consejo de la Judicatura Federal. La instancia desechó las acusaciones y la jueza fue promovida como magistrada en septiembre de ese año.
Como magistrada, Amanda García González obtiene del erario 5 millones 670 mil 717.48 pesos al año, es decir, en promedio, 472 mil 559.79 al mes. Por su parte, Limón Lasón González se lleva 1 millón 786 mil 491.8 pesos o, en promedio, 156 mil 374.32 pesos cada 30 días. Sin embargo, lo que obtienen por fuera es, por mucho, superior.