Crimen de Estado de Colosio

Estamos en la víspera de los 30 años del crimen de Estado en contra del entonces candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio. Un homicidio que manchó y fracturó para siempre al “grupo compacto” salinista porque los dos balazos contra el político sonorense también asesinaron las ambiciones transexenales del propio Carlos Salinas de Gortari y de varios integrantes de su equipo.

Antes de ser asesinado, Colosio ya valoraba proponer un modelo económico “más keynesiano”. Es decir, un modelo que rompiera con el dogma neoliberal del salinismo que desmanteló la rectoría del Estado en la economía. El modelo keynesiano, tan estigmatizado por los monetaristas y adoradores de la escuela de Milton Friedman, fue lo que permitió el impulso al Estado de bienestar durante los años del “milagro mexicano”.

Por supuesto, uno de los principales adversarios de este giro hacia el centro del modelo económico era su propio coordinador de campaña, Ernesto Zedillo Ponce de León, quien resultó ser el heredero del ya olvidado “liberalismo social” del salinismo.

El otro adversario era Pedro Aspe, el poderoso secretario de Hacienda, quien estaba muy distante al equipo y al entorno político de Colosio. 

También Colosio fue planteando la posibilidad de liberarse de los compromisos criminales que heredaría de su antecesor, de acuerdo con múltiples testimonios de quienes estuvieron en el equipo del sonorense. Uno de los máximos representantes de esos compromisos fue el propio “hermano incómodo” del mandatario en turno, Raúl Salinas de Gortari.

El salinismo no sólo fue un proyecto de transformación radical en el modelo económico del país sino también la configuración de una nueva élite empresarial, beneficiada por las privatizaciones a modo que operó el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. 

El salinismo no fue la era del “libre mercado” sino del “botín del Estado”. Un puñado de empresarios cómplices se quedaron con los grandes negocios que Salinas y Aspe privatizaron: las televisoras públicas, las carreteras, los bancos, las telecomunicaciones, las aerolíneas, el campo mexicano y los múltiples negocios derivados del desmantelamiento del artículo 27 constitucional.

También fue la etapa de una reconfiguración de los grupos criminales y mafiosos vinculados al gobierno y a la nueva generación en el poder. Los cárteles de la droga dejaron de ser pequeños grupos de rancheros criminales, vinculados a policías federales y espías, para transformarse en opulentas y complejas organizaciones trasnacionales. Ahí está el crecimiento exponencial del mercado ilícito de las drogas.

¿Supo Luis Donaldo Colosio el entramado de estos grupos? ¿Se negó a pactar con algunos? ¿Por qué nunca se investigó esta posibilidad? Son preguntas que siguen abiertas a tres décadas del crimen de Estado.

Por si fuera poco, el propio Carlos Salinas permitió que la vulnerabilidad de la candidatura de Colosio se profundizara, a raíz de la irrupción del zapatismo en Chiapas, de las fracturas al interior de su gobierno, y de las intrigas de personajes de primer orden en su gabinete como Patricio Chirinos, cercano en ese entonces al ex jefe de la Oficina Presidencial, José Córdoba Montoya.

En otras palabras, el contexto político, económico y criminal del homicidio de Luis Donaldo Colosio apunta no a un “asesino solitario” sino a múltiples interesados en eliminar físicamente a quien había sido formado y guiado por el propio Salinas de Gortari para ser su sucesor.

A treinta años de distancia, el caso Colosio adquirió un nivel sorpresivo de vigencia porque la Fiscalía General de la República acreditó la existencia de un “segundo tirador”, distinto a Mario Aburto Martínez, que perteneció al organismo de inteligencia del Estado, el CISEN, y que fue “rescatado” de Tijuana, horas después del crimen, por el entonces agente desconocido en los altos círculos, Genaro García Luna.

Hace unos días la misma Fiscalía General de la República confirmó que no ejercerá acción penal en contra de algún servidor público por las denuncias de tortura de Mario Aburto, asesino confeso de Colosio.

En paralelo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia revisará el caso de Mario Aburto, cuyos abogados defensores lograron una victoria legal en octubre de 2023 cuando un tribunal del Estado de México canceló la sentencia de 45 años de prisión al asesino confeso, al considerar que lo juzgaron con base en el Código Penal Federal de entonces y no en el Código Penal Estatal de Baja California. De acreditarse este criterio, la sentencia a Aburto reduciría de 45 a 30 años de prisión, es decir, saldría libre en las próximas semanas.

Desde diciembre de 2023, el máximo tribunal mexicano aceptó revisar la impugnación de la Fiscalía General de la República a esta decisión del tribunal mexiquense.

Hace dos días, el ministro Jorge Pardo Rebollar se excusó de participar en la resolución final del caso de Mario Aburto porque él liberó a Othon Cortéz Vázquez en 1996, después de que el fiscal Pablo Chapa Bezanilla lo detuvo acusado de ser el “segundo tirador” del homicidio de Colosio. Cortéz falleció en abril de 2020.

Al quedar fuera del caso el ministro Pardo Rebollar se podría generar un empate entre los cuatro ministros integrantes de la Primera Sala de la Corte. En otras palabras, la decisión final de la liberación de Aburto quedaría en manos del Poder Judicial cuya actuación en el caso de Colosio ha sido hasta ahora muy opaca.