El abogado que derrotó por primera vez a Monsanto disputa un lugar en el Poder Judicial

Con la reforma constitucional en materia judicial aprobada el 15 de septiembre de 2024, México ha iniciado su primer proceso de elección popular para los cargos de impartición de justicia. Este cambio marca el inicio de un periodo electoral extraordinario que culminará el 1° de junio de 2025, cuando se elegirán 881 cargos del Poder Judicial de la Federación (PJF), además de los diversos puestos judiciales locales.

En un contexto donde la información sobre los perfiles de quienes se postulan es limitada y las instituciones del Estado mexicano parecen más alejadas que nunca de las necesidades reales de la sociedad, considero importante hablar sobre los perfiles idóneos. No tanto como un llamado a la acción, sino como un espacio para compartir información relevante sobre algunos de los candidatos.

En este marco, hablaré de Raymundo Espinoza.

El abogado Espinoza ha sido una figura clave en la lucha contra los efectos de los transgénicos en el campo mexicano, en las batallas agrarias por la ocupación de tierras y en la defensa del territorio indígena. Además, es un docente crítico de la postura neoliberal en el ámbito jurídico. Su trayectoria, destacando la histórica victoria legal contra Monsanto junto al Consejo Indígena de Bacalar, no solo demuestra su capacidad técnica, sino también su profundo compromiso con las causas sociales y ambientales. Desde mi perspectiva, este tipo de compromiso es un requisito fundamental para quien aspire a ocupar un cargo en el renovado Poder Judicial, especialmente frente a candidatos cuya carrera puede ser menos destacada o cuya visión sobre el servicio de justicia sea más capitalista.

En sus intervenciones en foros y espacios académicos, Espinoza ha denunciado la creación de lo que él denomina una “cultura jurídica neoliberal”, que, a su juicio, ha favorecido la transnacionalización de las leyes y ha despojado al pueblo mexicano de su derecho a una justicia verdadera. Con una crítica directa al desmantelamiento del Estado y a la subordinación de las leyes al capital extranjero, ha enfatizado la necesidad de un cambio profundo en las estructuras judiciales que han sido capturadas por las élites económicas.

Este enfoque lo convierte en una figura interesante dentro del proceso de elección judicial, ya que, para él, la justicia debe ser una herramienta que represente a todas las voces de la sociedad, especialmente a las más vulnerables. Espinoza ha integrado en su lucha los conceptos de educación jurídica popular y litigio participativo, no solo como herramientas técnicas, sino también como un esfuerzo para devolver al pueblo el poder de decidir sobre su propio destino.

Es fundamental reconocer que la visión de Espinoza no solo se limita a una crítica a las estructuras existentes, sino que también busca transformar la relación entre el derecho y las comunidades. Su propuesta de justicia no es solo para las élites ni para aquellos que dominan las leyes, sino para los pueblos que han sido sistemáticamente excluidos de las decisiones judiciales y políticas. En un país profundamente desigual, donde las decisiones judiciales frecuentemente favorecen los intereses de grandes corporaciones y gobiernos, su enfoque podría ofrecer una alternativa sólida para garantizar un trato más justo a las poblaciones marginadas.

La discusión se intensifica al considerar la pluralidad de perfiles que competirán por los cargos judiciales. Tal como señala Espinoza, algunos de los candidatos provienen del sector privado o han recibido apoyo de grandes corporaciones de medios y empresas, lo que genera dudas sobre la verdadera independencia del Poder Judicial frente a intereses particulares. Esto resalta la necesidad de contar con representantes que no solo sean expertos en derecho, sino que también tengan una trayectoria en la lucha social, como el caso de Espinoza, para garantizar que sus decisiones estén alineadas con los principios de justicia social y equidad.

El desafío aquí es cómo equilibrar la competencia técnica con el compromiso social y político que Espinoza representa. En un país marcado por profundas desigualdades y donde las luchas por la tierra, el agua y los derechos indígenas continúan siendo temas urgentes, es crucial que quienes ocupen los cargos judiciales tengan una comprensión profunda de estos problemas. La inclusión de una figura como Espinoza podría, teóricamente, transformar la perspectiva judicial, permitiendo un enfoque más inclusivo y solidario.

No se trata de elegir entre la técnica y la justicia social, sino de encontrar una integración de ambas. Espinoza propone un modelo en el que el derecho se utilice como una herramienta para la inclusión, para la defensa de los derechos fundamentales y para promover un equilibrio real entre los intereses del pueblo y los de las élites. Esta visión, que no se limita a una perspectiva técnica, sino que aboga por una justicia transformadora, podría contribuir al fortalecimiento de un sistema judicial que verdaderamente sea un reflejo de las necesidades de la sociedad.

En resumen, aunque la candidatura de Raymundo Espinoza en el ámbito judicial genera controversia y está llena de matices, su perfil destaca por su capacidad para combinar la técnica con la justicia social, defendiendo los derechos de aquellos que han sido sistemáticamente ignorados por el sistema neoliberal. Su visión de la justicia va más allá de la letra fría de la ley, proponiendo un espacio en el que las voces históricamente silenciadas puedan ser finalmente escuchadas. Sin embargo, la pregunta que sigue abierta es si su perspectiva, aunque valiosa, será suficiente para garantizar una impartición de justicia que logre el balance entre el rigor técnico y la empatía social.