Por Mario A. Domínguez.
https://www.sprinforma.mx/noticia/para-que-una-fiscalia-electoral
6 min Desde hace ya casi treinta años, México cuenta con una Fiscalía Electoral como parte de su entramado institucional. Gracias a la gestión del Dr. Jorge Carpizo ante el Procurador General de la República y derivado de la solicitud del grupo de ciudadanos firmantes del Pacto por la Paz, la Democracia y la Justicia, el 19 de julio de 1994 la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FEPADE) vio la luz como un área adscrita a la entonces PGR. Con un nivel de subprocuraduría, los objetivos de esta institución serían a partir de ese entonces: prevenir, investigar y perseguir los delitos electorales.
La Fepade surgió apenas unos días antes de la elección presidencial de 1994, comicios que resultarían muy complejos dado el antecedente de la elección de 1988 en la que se acusó al gobierno de Miguel de la Madrid de perpetuar un fraude electoral a gran escala en contra de Cuauhtémoc Cárdenas. Dada la cercanía de la elección presidencial poco podía hacer la recién creada FEPADE para evitar se cometieran ilícitos en materia electoral durante la elección de ese año. Más bien, su fundación correspondió a una institución ornamental de la época priísta.
Como toda institución, la FEPADE evolucionó. En 2014, una reforma buscó dotar de “dientes” a la Fiscalía Electoral, después de las múltiples irregularidades que ocurrieron en la elección de 2012 y que llevaron al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto a la presidencia. Irónicamente, aquellos que realizaron la cadena de conductas ilícitas para ganar puestos de elección popular crearon una nueva legislación para supuestamente evitar que estas volvieran a ocurrir. Quizá por ello en esta ley especializada en delitos electorales abunda la falta de técnica legislativa y resulta para los operadores del derecho una gran reto en su aplicación.
A pesar de lo compleja (y complicada) que resultó desde su publicación la Ley General en materia de Delitos Electorales ya son 10 años de su vigencia. Sin duda, no son las mismas circunstancias políticas las que dieron lugar a su creación en el 2014 y mucho menos aquellas del lejano 1994 en las que emergió. Por ello, valdrá la pena pensar, después del 2 de junio próximo en una adecuación legal a esta importante institución mexicana, que aunque pareciera contradictorio, con la llegada de la democracia a nuestro país su actuación deberá ser cada vez menos necesaria.
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