¿Qué tipo de justicia queremos? Reflexiones sobre la elección de ministros de la SCJN

En escasas dos semanas, por primera vez en la historia moderna de México, la ciudadanía tendrá la responsabilidad de seleccionar, mediante voto directo, a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Esta medida, impulsada como parte de una reforma profunda para transparentar y democratizar la justicia, representa un punto de inflexión: o se abre el camino a una transformación real del sistema judicial, o se corre el riesgo de legitimar lo que hasta ahora ha sido una estructura plagada de corrupción, opacidad y favores a criminales.

Ejercer este nuevo derecho no es tarea menor. A diferencia de otros cargos, la elección judicial exige mayor reflexión, ya que los perfiles en juego no responden a campañas tradicionales, sino a trayectorias legales, éticas y sociales. Es crucial informarse bien: consultar los nombres, las propuestas, la experiencia y, sobre todo, la integridad de quienes buscan administrar la justicia desde el tribunal más alto del país. Muchas boletas contendrán decenas de nombres; llevar una lista preparada desde casa puede marcar la diferencia entre un voto consciente y uno al azar.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha habilitado herramientas digitales para conocer a los candidatos: trayectorias, declaraciones de principios y hojas de vida. También, organizaciones civiles han creado plataformas independientes de verificación de perfiles. Participar de forma informada es un acto de responsabilidad ciudadana y una medida de defensa frente al riesgo de que intereses fácticos —incluidos los del crimen organizado— intervengan donde menos deberían: en la justicia. Sin embargo, aún existen muchas brechas informativas por cubrir.

No se trata solo de elegir buenos jueces, sino de decidir qué tipo de justicia queremos en México. Una que sirva al pueblo, no a las élites; una que responda a las víctimas, no a los victimarios. El voto de este año es una oportunidad para rescatar un poder que, como ha demostrado la Secretaría de Seguridad, ha sido infiltrado y debilitado por intereses corruptos. Elegir a perfiles con ética, sensibilidad social y conocimiento del derecho es clave para cerrar las puertas a la impunidad.

Sobre el proceso

Para estos comicios, se elegirán un total de 881 cargos, distribuidos de la siguiente manera: 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); 15 magistrados de las Salas Regionales del TEPJF; 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial; 464 magistrados de Circuito; y 386 jueces de Distrito.

Se utilizarán seis boletas diferenciadas por color, cada una correspondiente a un cargo específico. Cada boleta presentará los nombres de las candidaturas en orden alfabético, divididos por género: mujeres a la izquierda y hombres a la derecha. Junto a cada nombre, se incluirá un número identificador. Además, se instalarán aproximadamente 83,997 casillas en todo el país, incluyendo más de 200 casillas especiales para personas que se encuentren fuera de su sección electoral el día de la elección. En la Ciudad de México, se instalarán casillas en lugares públicos, escuelas, oficinas públicas y domicilios particulares.

Del 12 al 21 de mayo, el INE llevará a cabo el voto anticipado para personas con limitaciones físicas y cuidadores primarios. Este proceso incluirá visitas domiciliarias por parte de funcionarios del INE, quienes proporcionarán materiales electorales adecuados para garantizar la privacidad y legalidad del sufragio (por lo cual, Oaxaca ya comenzó el proceso).

Ministros y la segmentación de las candidaturas

Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es uno de los once integrantes del máximo tribunal constitucional de México. Su principal función es interpretar la Constitución y resolver, de manera definitiva, los conflictos legales más relevantes del país, como controversias entre poderes, gobiernos estatales y federales, así como amparos que involucren derechos fundamentales. De tal modo que resulta preocupante que actualmente no exista claridad en relación a las posturas que tienen las candidaturas sobre temas relacionados con los derechos civiles, que, con el sistema anterior, teníamos relativamente garantizados. Es decir, la última palabra de la justicia se pronuncia desde ese colegiado.

Cada ministro participa en sesiones públicas y delibera junto con sus colegas para emitir resoluciones de gran impacto social, político y económico. Por tal motivo, resulta un retroceso la desaparición y postulación de algunos candidatos abiertamente militaristas, como César Gutiérrez Priego. También existen casos donde se podría asumir una relación cuestionable con el poder económico, como el de la candidata Yasmín Esquivel Mossa, por su relación sentimental con José María Riobóo, empresario y contratista del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, podemos señalar presuntos compromisos políticos, como en el caso de Roberto Gil Zuarth, quien fue senador y secretario particular del presidente Felipe Calderón. En el mismo sentido que Gil Zuarth, se encuentra Ángel Mario García Guerra, por presuntamente estar vinculado con el gobierno de Nuevo León y haber sido señalado como ejecutor de un posible conflicto de interés, lo que podría comprometer su independencia judicial.

En cambio, el mismo proceso logró posicionar otros perfiles más ciudadanos y apegados a la idea de un sistema democrático de acceso a la justicia, donde destacan perfiles como el de Raymundo Espinoza Hernández, abogado y defensor agrario que ha combatido a grandes corporaciones como Monsanto en litigios por soberanía alimentaria, con una trayectoria enfocada en la justicia popular y la defensa de comunidades campesinas e indígenas; Isaac de Paz González, académico y especialista en derecho constitucional, quien ha denunciado la politización de la Suprema Corte y propone una reforma judicial centrada en la independencia y el profesionalismo del poder judicial; y Federico Anaya Gallardo, jurista y activista con más de tres décadas de trabajo en derechos humanos, crítico del formalismo judicial y promotor de una Corte más abierta, democrática y sensible a los sectores históricamente marginados. Estos tres perfiles representan una alternativa clara frente a propuestas conservadoras o vinculadas a intereses partidistas, y colocan en el centro del debate la necesidad de una justicia realmente accesible y transformadora.

A pesar del surgimiento de perfiles más democráticos y comprometidos con el acceso igualitario a la justicia, como los de Raymundo Espinoza, Isaac de Paz y Federico Anaya, el proceso actual de selección de ministros y ministras de la SCJN sigue evidenciando limitaciones estructurales graves: no existe una sola candidatura abiertamente LGBT+, ni representantes con identidad indígena, afrodescendiente o con trayectorias vinculadas a la migración o el exilio. Esta exclusión no es casual ni meramente circunstancial, sino resultado directo de un marco normativo diseñado por el Instituto Nacional Electoral (INE) que, aunque promueve cuotas de género, no contempla criterios específicos de inclusión para poblaciones históricamente vulneradas. Así, se perpetúa un modelo elitista de acceso al poder judicial donde las voces que más necesitan representación en la justicia —las disidencias sexuales, las comunidades racializadas y los pueblos originarios— continúan siendo marginadas del debate institucional. De hecho, no existe ningún aspirante LGBT+ que busque ocupar un cargo como ministro.

La necesidad de que el pleno de la Suprema Corte sea un órgano colegiado plural responde a la naturaleza misma de la justicia constitucional: compleja, diversa y sujeta a múltiples interpretaciones. Un cuerpo plural permite que se integren perspectivas distintas —jurídicas, académicas, regionales, de género y experiencia profesional— lo que enriquece el debate y reduce el riesgo de decisiones sesgadas o ideológicas. Esta diversidad fortalece la legitimidad del tribunal y contribuye a una justicia más imparcial, equilibrada y representativa de la pluralidad democrática del país.

Información sistematizada y un proceso transparente

La mayoría de críticas realizadas, tanto al proceso de elección como al sistema de votación, circulan entre los señalamientos por un protocolo que privilegia a las personas concursantes con más recursos financieros, pues el INE no contempló recursos para que las candidaturas pudieran financiarse; por carecer de sistemas de inclusión para personas que viven con alguna funcionalidad motriz distinta a la norma (capacitismo) y por retroceder en términos de inclusión a poblaciones marginadas (personas LGBT+, migrantes, mujeres o comunidades indígenas).

Debido a estas carencias informativas, nos dimos a la tarea de sistematizar manualmente una base de datos con indicadores claros de quiénes son aquellas personas que públicamente se asumen como integrantes de la comunidad de la diversidad sexual y de género, con el objetivo de ofrecer la mayor información posible a los votantes. Algunas de las personas postulantes no aparecerán en el listado dado que no existe un repositorio oficial con esta información, es decir, se trata sólo de un ejercicio de recopilación manual.

En un país donde la justicia ha sido históricamente un privilegio y no un derecho garantizado para todos, elegir quiénes ocuparán los más altos cargos del Poder Judicial no es un asunto menor: es una decisión que define el tipo de justicia que queremos —una cerrada, lejana y al servicio del poder, o una accesible, plural y comprometida con los derechos de todas las personas.

Por eso, estar bien informados no es sólo un acto de responsabilidad cívica, sino una forma de resistencia frente a los mecanismos que buscan perpetuar el privilegio. Acudir a votar este 1 de junio no es un trámite: es una oportunidad histórica para exigir un sistema judicial que hable con las voces del pueblo, que escuche a quienes nunca han sido escuchados y que finalmente haga justicia, no sólo leyes. Nos vemos en las urnas.

Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación comienza a negar derechos LGBT+ como ha sucedido en algunos estados de Estados Unidos, México podría enfrentarse a un retroceso significativo en términos de justicia social y derechos humanos. La negación de derechos fundamentales como el matrimonio igualitario, la adopción por parte de parejas del mismo sexo, o el acceso a la identidad de género, podría perpetuar la discriminación y exclusión de una de las comunidades más vulneradas del país. Este escenario no solo pondría en riesgo avances importantes alcanzados en las últimas décadas, sino que también abriría la puerta a la normalización de prejuicios y violaciones a los derechos humanos. Además, sentaría un peligroso precedente que afectaría no solo a la población LGBT+, sino a la sociedad en su conjunto, al debilitar principios básicos como la igualdad ante la ley y la no discriminación, pilares fundamentales de un Estado democrático. En un país que aún lucha por erradicar la violencia y la discriminación hacia estas comunidades, una decisión de esta magnitud podría generar un ambiente de inseguridad y desesperanza, alimentando los discursos de odio y profundizando la división social.

Consulta aquí información sobre las candidaturas LGBT+ realizado por el SPR.