A través de un comunicado jefes de zona e inspectores de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (Seech) exigieron al gobierno del estado, encabezado por la panista María Eugenia Campos Galván, y a la Secretaría de Educación y Deporte, que distribuyan y entreguen los nuevos libros de texto y los materiales a los más de 718 mil niños, niñas y adolescentes que estudian en planteles de nivel básico.
En el posicionamiento firmado por 82 jefes de zona escolar e inspectores de escuelas públicas federales, demandaron que el gobierno ratifique su postura ya que: “invade el campo de las decisiones educativas que le competen legalmente a la Secretaría de Educación Pública (SEP), como órgano rector nacional de la educación en México”.
Y dijeron que, si existe inconformidad debe de realizarse en estricto apego a la legalidad e institucionalidad, sin afectar los derechos de los estudiantes de Chihuahua, estipulados en el artículo tercero constitucional.
Los maestros también afirmaron que la decisión de impedir la distribución y el uso de los libros contraviene el acceso pleno a la educación, que debe ser garantizado por mandato constitucional.
Los jefes de zona e inspectores de Seech explicaron que en Chihuahua la SEP sí convocó a los interesados para participar en la creación de contenidos e innovar los materiales de educación primaria, generando una participación directa de los maestros y las maestras que democratiza el proceso de creación de estos materiales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió una suspensión al gobierno de Chihuahua para impedir la distribución en la entidad de los libros de texto gratuitos elaborados por la Secretaría de Educación (SEP), del ciclo escolar 2023-24.
A través de las listas de notificación de la Corte se dio a conocer el 12 de agosto la admisión a trámite de la controversia constitucional promovida por la Consejería Jurídica del gobierno de Chihuahua, que encabeza Maru Campos Galván, contra los contenidos de los materiales educativos.
El presidente López Obrador se pronunció en contra de la controversia constitucional y la sentencia del ministro que ordenó detener la distribución de los libros de texto gratuitos.
Sin embargo, afirmó que el gobierno acatará la decisión de un ministro "aun cuando es facultad del poder Ejecutivo federal la elaboración y distribución de los libros de texto".