El juez José Rivas González durante la guardia que hacía al juez Edmundo Manuel Perusia, cambió la medida cautelar al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, a prisión domiciliaria con brazalete electrónico, en el proceso que enfrenta en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, acusado de los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia.
Argumentando motivos de salud, el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con sede en el Reclusorio Norte, no prestó atención al análisis de riesgo procesal que presentó el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) de la Fiscalía General de la República (FGR) en el que se concluye que el riesgo de sustracción es alto y que no habían cambiado las condiciones bajo las cuales le habían impuesto la medida cautelar.
Rivas González tampoco revisó los resultados de las siete entrevistas en las que, distintos médicos que han atendido al exprocurador, aseguran que su estado de salud es estable.
Al respecto, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ), Arturo Medina, aclaró que, no se exonera de cargo alguno a Murillo Karam, quien continuará sujeto a prisión preventiva justificada por tortura y desaparición forzada, que se siguen en otra carpeta de investigación ante un juez en el Reclusorio Sur.
“Estaremos atentos a que se respete la legalidad del debido proceso y, principalmente, el derecho a la verdad y la justicia de los familiares de los estudiantes desaparecidos.”
El presidente de la CoVAJ lamentó:
La CoVAJ informó que solicitará que se interponga una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por el actuar del juez al quebrantar el principio de legalidad e imparcialidad que exige que toda determinación se ajuste a las disposiciones legales vigentes.