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  • 21 Jun 2023
  • 21:06
  • SPR Informa 6 min

Asegura la CJEF que el ministro Laynez Potisek pretende que la SCJN cambie criterios para favorecer a la oposición e invalidar el Plan B

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) aseguró que, en su proyecto de sentencia, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, pretende incorporar un hecho no invocado por la oposición para invalidar el Plan B electoral, lo cual vulneraría el principio de imparcialidad que debe regir el actuar de todo órgano jurisdiccional, tal y como lo dispone expresamente el artículo 17 constitucional.

Lo que propone el ministro es declarar la invalidez total del decreto impugnado, por su parte, la CJEF señala que dicha decisión se promueve sin entrar en un estudio de fondo de las normas cuestionadas, lo cual retrasa injustificadamente la necesaria transformación del sistema electoral mexicano.

“Durante la sesión del pleno de la SCJN, celebrada el 8 de mayo de 2023, el ministro Javier Laynez defendió la imposibilidad de exigir al Congreso de la Unión una fundamentación o motivación precisa para la dispensa del trámite ordinario al afirmar: “…no podemos juzgar los méritos que la Cámara tenga para la urgente y obvia decisión”. No obstante, ahora cambia su criterio sin exponer razón alguna”, aseguró la Consejería.

El ministro Laynez refirió en su proyecto que hubo una confusión que impidió a los diputados de las minorías saber qué propuesta se estaba discutiendo, sin embargo, la Consejería puntualizó que no es una razón suficiente para invalidar, acusando a los diputados de la oposición de no haber puesto atención a la publicación de la iniciativa, así como señalar la deficiente conducción de la Mesa Directiva, por parte del diputado Santiago Creel.

“Asimismo, para favorecer la pretensión de la oposición, el ministro Laynez Potisek convierte la decisión de los grupos parlamentarios minoritarios de no participar en el proceso deliberativo durante la aprobación de las reformas a las leyes electorales, en supuestas deficiencias del procedimiento legislativo para invalidar el decreto impugnado”, declaró la CJEF.

Por último, la Consejería señaló que de aprobarse el proyecto del ministro Laynez, la Corte se estaría transformando en una simple oficina de verificación procedimental al servicio de las minorías parlamentarias, y renunciaría a su papel de revisor constitucional de las normas.