Caso Narvarte: una década sin justicia

Este 31 de julio se cumple una década del multihomicidio ocurrido en un departamento de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, conocido como “Caso Narvarte”. El crimen cobró la vida del fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, la trabajadora doméstica Yesenia Quiroz, la modelo Mile Virginia Martín y la maquillista Alejandra Negrete. A diez años de los hechos, el caso sigue generando cuestionamientos en torno a la procuración de justicia, la libertad de expresión y la protección a defensores de derechos humanos. 

El día del crimen, los cuerpos de las cinco víctimas fueron encontrados en el departamento 201 del domicilio 1909 de la calle Luz Saviñón. Las autoridades reportaron que presentaban huellas de tortura y que murieron por disparos de arma de fuego. La brutalidad del ataque generó indignación nacional e internacional, sobre todo porque al menos dos de las víctimas —Rubén Espinosa y Nadia Vera— habían denunciado amenazas por parte del gobierno de Veracruz, que en este entonces estaba a cargo del priista Javier Duarte, de donde eran originarios y donde habían trabajado antes de trasladarse a la capital. 

El caso ha tenido diversos avances que han sido objeto de controversia. Entre 2015 y 2016 la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal detuvo a tres presuntos responsables: Daniel Pacheco Gutiérrez, César Omar Martínez y el expolicía Abraham Torres Tranquilino, quien recibió una sentencia de 315 años de prisión por homicidio, feminicidio, robo y secuestro. Sin embargo, las detenciones fueron criticadas por organizaciones civiles que denunciaron torturas y falta de pruebas claras que vincularan a los imputados con el crimen.  

En 2022, después de una serie de reclamos y un fallo de un tribunal federal, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reabrió parcialmente el caso para revisar nuevas evidencias, entre ellas testimonios que apuntaban a posibles vínculos con el crimen organizado y con funcionarios de alto nivel. No obstante, a pesar de estos avances, la investigación aún no ha logrado esclarecer el móvil ni identificar al autor intelectual del crimen. 

Diversos medios de comunicación y colectivos de derechos humanos han señalado que las autoridades no abordaron adecuadamente las posibles motivaciones del crimen, relacionadas con la labor periodística y el activismo.  

Desde el principio, los familiares y abogados de las víctimas denunciaron que la Procuraduría no tomó en cuenta la posibilidad de que el asesinato estuviera vinculado a las amenazas recibidas por Rubén Espinosa y Nadia Vera, quienes habían sido víctimas de agresiones previas en Veracruz.  

En este sentido, la falta de una línea de investigación sólida sobre los posibles nexos con el narcotráfico y con funcionarios corruptos también fue criticada. Además, se han señalado omisiones en la recolección de pruebas y la falta de seguimiento a los testimonios clave, lo que ha alimentado la percepción de impunidad. 

El caso Narvarte ha generado una fuerte movilización entre activistas, periodistas y políticos. El caso fue uno de los puntos destacados por la organización Artículo 19, que ha denunciado reiteradamente la violencia contra periodistas en México. Activistas como la madre de Rubén Espinosa y familiares de Nadia Vera han organizado marchas anuales para exigir que el caso no caiga en el olvido, y han señalado la falta de responsabilidad de las autoridades en resolver el caso de manera efectiva. 

Aunque la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha realizado esfuerzos para revisar las pruebas y entrevistar a nuevos testigos, aún no se ha esclarecido quién fue el autor intelectual del crimen, ni se ha detenido a los responsables directos del homicidio, por lo que organizaciones, familiares y personas cercanas a las víctimas continúan exigiendo una investigación imparcial que no solo se enfoque en los presuntos culpables materiales, sino también en los posibles móviles políticos detrás del crimen.