Envía AMLO propuesta de reforma para frenar el extractivismo minero y garantizar los derechos de comunidades indígenas y afromexicanas

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió una iniciativa de reforma a la Cámara de Diputados que busca otorgar mediante concurso público las concesiones mineras y reducir su vigencia de 100 a 30 años como máximo y las condiciona a la disponibilidad de agua de las diferentes localidades y con ello frenar el despojo y el extractivismo minero de corporaciones trasnacionales.  

Esta propuesta de reforma a la Ley Minera, a la Ley de Aguas Nacionales, del Equilibrio Ecológico y a la Protección al Ambiente en materia de concesiones para minería y agua tiene como ejes principales el respeto a la vida de personas que viven en zonas mineras, principalmente a comunidades indígenas y afromexicanas, busca prohibir las concesiones mineras en zonas sin disponibilidad de agua, en áreas naturales protegidas o donde se ponga en riesgo la población, sí como la protección y promoción del medio ambiente sano.

El proyecto destaca que la Ley Minera de 1992 inauguró la política neoliberal en materia minera que se ha aplicado durante 30 años y ha implicado extracción de recursos materiales por parte de particulares, despojo territorial, desplazamiento forzado de comunidades, contaminación del subsuelo, mantos acuíferos, destrucción del paisaje, así como atentados contra personas activistas y defensoras. 

También, menciona que la reforma al artículo 27 constitucional del 6 de enero de 1992 abrió la posibilidad de que las empresas mineras pudieran adquirir terrenos para desarrollar sus actividades con lo cual se facilitó el uso de la tierra, al territorio y al agua a corporaciones trasnacionales. 

Y es que aborda la problemática surgida en el régimen neoliberal, un modelo que consolidó la estrategia de privatización y que, por lo tanto, trastocó la propiedad social y de la Nación.  

Además, propone la figura de concesión de agua para uso específico en minería con una duración de cinco años, y prórrogas por igual término. 

El proyecto también menciona que es indispensable modificar el marco jurídico actual para suprimir el carácter preferente a las empresas mineras, y cuando se trate de territorios indígenas y afromexicanos, se plantea que los concesionarios les paguen al menos 10% de las utilidades. 

Dentro de las medidas ambientales y sociales que contempla la iniciativa de reforma incorpora la consulta previa, libre e informada en comunidades indígenas y afromexicanas, la cual deberá ser pagada por los concesionarios, y fija su responsabilidad en el manejo y disposición de residuos, lo cual evita la contaminación y los daños a la salud humana y al medio ambiente.  

Iniciativa iMPLIca riesgos

Representantes de la industria minera advirtieron que esta iniciativa de reforma implica fuertes repercusiones para el sector y pone en riesgo su actividad presente y futura. 

La Cámara Minera de México (Camimex), organismo que aglutina a las empresas mineras más grandes del país tanto nacionales como extranjeras, indicó que dichos cambios representan consecuencias no sólo para la industria minera sino también para la economía nacional y el bienestar del país.

Por su parte, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México afirmó que la reforma podría generar impactos negativos en la actividad minera nacional y pone en riesgo la subsistencia y continuidad de la misma.

El organismo aseguró que estas medidas generarán contracción de las inversiones, pues implican un cambio radical en las disposiciones sobre las cuales las empresas mineras nacionales y extranjeras han invertido en México y aseguraron que la cifra destinada anualmente ronda los 4 mil millones de dólares.