La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó que el pasado 1 de agosto la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad, las primeras cuatro reformas constitucionales de las 20 que presentó el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero.
Durante la Reunión del Gabinete de Seguridad de este 02 de julio, la titular de Gobernación dio a conocer que las primeras cuatros reformas aprobadas con 38 votos a favor y ninguno en contra, son la reforma en materia de pensiones, vivienda, salarios y la de la incorporación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro a la Constitucional.
Aunado a esto, Alcalde adelantó que las comisiones tienen programada la discusión de las reformas que tienen que ver con los derechos de los pueblos indígenas, agua, protección del medio ambiente, protección a la salud, bienestar y protección animal para el 9 de agosto. El 13 de agosto están programas las discusiones en torno a las reformas a la prisión preventiva oficiosa; para el 14 de agosto las referentes a la industria eléctrica, internet y empresas estratégicas del Estado; el 15 de agosto la reforma referente a la Guardia Nacional y, finalmente el 22 de agosto la reforma al Poder Judicial.
Cabe aclarar que estas discusiones se realizan por la Comisión de puntos Constitucionales de la actual legislatura, sin embargo, se prevé que será aprobada por la próxima legislatura del pleno para posteriormente, pasar al Senado de la República.
¿De qué se trata cada uno de las reformas aprobadas? Aquí te lo explicamos.
El primero de mayo, el presidente López Obrador publicó una reforma que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar para revertir el deterioro de las pensiones provocadas por las reformas de Ernesto Zedillo de 1997 y de Felipe Calderón de 2007. Para garantizar que esta reforma perdure, se eleva a nivel constitucional el derecho de los trabajadores a recibir una pensión por vejez que sea igual a su último salario promedio, hasta por un monto equivalente al asalario promedio mensual registrado ante el IMSS.
Se establece que el derecho a la capacitación laboral para jóvenes de entre 18 a 29 años que no estudien ni trabajen, y a recibir de manera directa un apoyo económico equivalente a un salario mínimo hasta por 12 meses.
Se establece que el salario mínimo no podrá fijarse por debajo de la inflación. Además, se reconoce el derecho de las maestras y maestros de educación pública del nivel básico de tiempo completo, así como policías, guardias nacionales, integrantes de las fuerzas Armadas, médicos y enfermeras apercibir un salario mensual que no podrá ser inferior al promedio registrado en el IMSS.
Se reconoce el derecho de los trabajadores a tener créditos baratos y suficientes para acceder a una vivienda adecuada a través de una renta social equivalente al 30% de su salario. Después de 10 años, el trabajador podrá comprar la vivienda en arrendamiento a un costo reducido con las rentas pagadas. La reforma establece que el INFONAVIT podrá realizar la construcción directa de vivienda social.