La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que ocho personas permanecerán en prisión preventiva justificada y diez enfrentarán su proceso en libertad, luego de las audiencias iniciales relacionadas con las detenciones realizadas durante la marcha del 15 de noviembre. Cinco personas más continúan en duplicidad de término, con audiencia programada para el 21 de noviembre.
De acuerdo con la Fiscalía, durante la manifestación la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) puso a disposición del Ministerio Público a 29 personas, además de abrir 17 carpetas de investigación sin detenido por lesiones dolosas, robo y daños. En total, los incidentes dejaron 84 policías y cuatro civiles lesionados.
La institución señaló que todas las detenciones siguieron los protocolos establecidos, incluidas valoraciones médicas, comunicación con familiares y asistencia de defensa pública o privada. Tras analizar los casos, la Fiscalía determinó que 19 personas habrían incurrido en conductas delictivas, mientras que 10 fueron canalizadas a Justicia Cívica al tratarse de faltas administrativas.
Entre las 19 personas imputadas se encuentra un adolescente de 17 años, quien quedó en libertad bajo tutela familiar. Las 18 personas adultas tienen entre 18 y 57 años; dos cuentan con investigaciones previas y una fue identificada como presunto líder de un grupo de choque.
En las audiencias iniciales, se formularon imputaciones por tentativa de homicidio, resistencia de particulares, lesiones dolosas y robo. El Juez de Control vinculó a proceso a 13 personas y dejó en duplicidad de término a cinco más.
Las medidas cautelares dictadas fueron diferenciadas:
La FGJCDMX aseguró contar con diversos elementos de prueba, entre ellos declaraciones de víctimas y policías, dictámenes médicos, peritajes en mecánica de lesiones y videograbaciones que ubican a los imputados en los hechos.
Con la vinculación a proceso se abrió un periodo de investigación complementaria de uno a dos meses. La Fiscalía indicó que evaluará reclasificaciones de delitos o mecanismos alternativos, según la gravedad de las conductas y los derechos de las víctimas.
En paralelo, se mantienen abiertas líneas de investigación para ubicar a más presuntos agresores y determinar si hubo autores intelectuales.
La institución reiteró que actuará con transparencia y respeto a los derechos humanos en todos los casos vinculados a la manifestación.