Presenta Clara Brugada Ley de Rentas Justas; propone defensoría para inquilinos y propietarios

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó los siete ejes de la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, que busca regular el mercado de arrendamiento, limitar los incrementos de las rentas a la inflación, garantizar asesoría jurídica gratuita y brindar acompañamiento a las familias ante los desalojos. 

En conferencia de prensa, Brugada señaló que la vivienda en renta es un fenómeno creciente en la capital y advirtió que, pese al incremento del salario mínimo en los últimos años, el precio de la vivienda se ha multiplicado por cinco en las últimas dos décadas.  

Añadió que en las alcaldías centrales más de 40% de las viviendas son rentadas y que algunas familias jóvenes destinan hasta 40% de sus ingresos al pago del alquiler. 

Ante este panorama, afirmó que la iniciativa busca evitar que el mercado de vivienda en renta profundice las desigualdades sociales y dificulte el acceso a un hogar, particularmente para las juventudes. 

Destacó que el primer eje de la propuesta establece que los incrementos anuales de las rentas no podrán superar la inflación, como ya dispone el Código Civil, pero incorpora mecanismos para garantizar el cumplimiento efectivo de esta disposición. Aclaró que la propuesta reconoce el derecho de los propietarios a obtener ingresos por sus inmuebles, pero busca evitar la especulación con la vivienda. 

El segundo eje contempla una carta de derechos y obligaciones para inquilinos y arrendadores. Entre las medidas destaca limitar a una las garantías exigibles para rentar una vivienda, ante las prácticas que actualmente pueden incluir depósito, fiador, póliza jurídica y obligado solidario. 

También prohíbe la discriminación por origen étnico, género, edad u orientación sexual en el acceso a una vivienda en renta, y reconoce el derecho de las personas a vivir con niñas, niños y animales de compañía. 

En contraparte, los inquilinos deberán pagar la renta, conservar el inmueble y utilizarlo para el propósito acordado, además de abstenerse de realizar modificaciones estructurales sin autorización. 

Como tercer eje, Brugada anunció la creación de la Defensoría Inquilinaria, institución que estará adscrita a la Procuraduría Social y ofrecerá orientación, asesoría y defensoría jurídica gratuita tanto a inquilinos como a propietarios, para atender abusos y procurar el equilibrio entre los derechos y obligaciones de ambas partes. 

El cuarto punto plantea contratos de arrendamiento con una duración mínima de un año, la creación de un registro digital con protección de datos personales y la aplicación de sanciones por incumplimientos, incluidos los aumentos ilegales de renta y los daños ocasionados a los inmuebles. 

El quinto eje contempla ampliar la oferta de vivienda social y asequible mediante la construcción de vivienda pública nueva, inmuebles destinados al arrendamiento y programas de mejoramiento habitacional.  

En materia de desalojos, el sexto eje propone crear el Gabinete de Acompañamiento Social ante Desalojos, que ofrecerá alternativas habitacionales y atención a las familias que enfrenten estos procedimientos. 

Brugada planteó evitar el uso de la violencia y la participación de grupos de golpeadores durante los desalojos. Para ello, explicó que el Gobierno capitalino capacitará a personal especializado en derechos humanos para realizar labores de carga y traslado de pertenencias cuando sea requerido por el Poder Judicial. 

El séptimo eje propone crear un Observatorio Público de Vivienda para estudiar los precios, el suelo y las dinámicas del mercado inmobiliario, con el objetivo de mejorar las políticas públicas y combatir los procesos de gentrificación. 

Rechaza versiones sobre congelación de rentas 

La jefa de Gobierno rechazó las versiones que señalan que la iniciativa contempla congelar las rentas o afecta la propiedad privada. Afirmó que la propuesta busca garantizar el derecho a la vivienda y al arraigo, sin vulnerar el patrimonio de quienes ofrecen inmuebles en arrendamiento. 

La mandataria cuestionó a los sectores de la derecha que se oponen a las medidas para proteger a los arrendatarios y evitar la expulsión de comunidades por el encarecimiento de la vivienda.  

"Cada vez esta ciudad avanza en derechos, la derecha también inventa un miedo. Cuando no tienen argumentos, fabrican fantasmas. Frente a la desinformación, seguiremos reivindicando la fuerza de la verdad. Pareciera que la oposición se pone del lado de la gentrificación, a favor de la expulsión de las comunidades", afirmó. 

Finalmente, hizo un llamado al Congreso de la Ciudad de México para discutir la iniciativa mediante un parlamento abierto que permita escuchar distintas posturas y construir consensos.