https://www.sprinforma.mx/noticia/autoriza-gobierno-de-guatemala-a-mexico-aumento-de-cargos-contra-javier-duarte
6 min El gobierno de Guatemala autorizó a la Fiscalía General de la República (FGR) a imputar nuevos cargos contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, relacionados con presuntos desvíos de recursos federales durante su administración entre 2010 y 2016.
La FGR solicitó este permiso debido a que Duarte fue extraditado desde Guatemala en 2017, y los acuerdos internacionales establecen que una persona entregada bajo esta figura jurídica no puede ser acusada de delitos adicionales sin la aprobación expresa del país que realizó la entrega.
La carpeta se formó a partir de denuncias presentadas ante la FGR desde 2016, relacionadas con presuntos desvíos de recursos federales destinados a la compra de insumos de salud y a obras públicas, informaron autoridades federales.
Esta autorización, un requisito esencial en procesos de extradición, representa un avance relevante en un caso que ha permanecido en la agenda pública desde hace casi una década. La nueva carpeta de investigación, ya judicializada, se enfoca en desvíos vinculados a salud y obras públicas, y se suma a los procesos penales que mantienen a Duarte privado de la libertad.
Duarte huyó en octubre de 2016, antes de concluir su mandato, y fue detenido el 15 de abril de 2017 en un hotel de Panajachel, Guatemala, en cumplimiento de una orden internacional de captura.
En noviembre pasado, su defensa solicitó libertad anticipada argumentando que ha cumplido más del 90% de su condena de nueve años, que termina en abril de 2026, para que pudiera purgar los últimos meses en libertad. Sin embargo, la jueza de control Ángela Zamorano Herrera negó la petición y permanecerá en el Reclusorio Norte.
A cuatro días desde las elecciones presidenciales en Honduras, continúa el conteo de votos en medio de una cerrada contienda entre Nasry “Tito” Asfura y Salvador Nasralla, quien argumenta fraude.
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La SEGOB aseguró que no existe razón para los bloqueos de productores agrícolas en la Frontera Norte, pues fueron tomados en cuenta sus planteamientos respecto de la Ley de Aguas Nacionales.
La entidad homologa así su normativa con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y con los estándares internacionales en derechos humanos.