Blindaje contra la corrupción: Buen Gobierno evita gastos por casi 84 mil mdp

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha contribuido a generar ahorros preventivos por casi 84 mil millones de pesos durante los dos primeros años de la administración de Claudia Sheinbaum, informó su titular, Raquel Buenrostro Sánchez.

Durante la Mañanera del Pueblo de este 22 de septiembre, la funcionaria explicó que el principal enfoque de la dependencia es la prevención, mediante la revisión y acompañamiento de procesos de contratación, compras públicas, obras y servicios, con el objetivo de detectar posibles irregularidades antes de que representen un daño a los recursos públicos. La cifra fue presentada también por la presidenta Sheinbaum, quien la estimó en alrededor de 83 mil millones de pesos.

Buenrostro detalló que de los casi 84 mil millones de pesos reportados, 29 mil millones corresponden a estrategias de compras públicas; 42 mil millones al seguimiento de contratos, principalmente de obras públicas; 7 mil 800 millones a la eficiencia de las estructuras organizacionales del Gobierno federal, y 4 mil 800 millones al seguimiento de multas y sanciones.

“Prevenir es el mejor resultado para todo el pueblo, para todos los mexicanos”, señaló la funcionaria, al explicar que intervenir antes de que se concrete una irregularidad permite corregir procedimientos y evitar gastos que posteriormente serían más difíciles de recuperar.

Compras públicas y tecnología médica

Como ejemplo de las acciones preventivas, Buenrostro destacó el acompañamiento a una de las compras más grandes de equipamiento médico realizadas durante el año.

Explicó que la Secretaría reunió a fabricantes para conocer las tecnologías disponibles, establecer requerimientos técnicos y generar condiciones de competencia, con el objetivo de evitar que los procesos fueran limitados por especificaciones que favorecieran a determinados proveedores.

De acuerdo con la funcionaria, este procedimiento permitió adquirir equipos con tecnología de vanguardia a un costo 46 por ciento menor.

La Secretaría también ha trabajado en modificaciones a las reglas de adquisiciones para facilitar la participación de micro, pequeñas y medianas empresas, así como de cooperativas.

Buenrostro señaló que actualmente 10 cooperativas de café venden al Gobierno, mientras que un acuerdo marco con 66 instituciones contempla la compra directa de 70 toneladas de café a productores de Chiapas, Puebla y Oaxaca, con beneficio para alrededor de 5 mil familias.

La estrategia también se ha extendido a los sectores de limpieza y textil, con mecanismos para incorporar a cooperativas y pequeñas empresas a las compras gubernamentales.

4 mil 193 servidores públicos sancionados

En materia de sanciones, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que 4 mil 193 servidores públicos han sido sancionados durante los dos primeros años de la actual administración.

Del total, 3 mil 528 corresponden a faltas no graves y 665 a faltas graves. Entre las principales causas se encuentran el otorgamiento o autorización de pagos indebidos, la autorización de pagos por bienes o servicios que no fueron entregados, compras innecesarias o injustificadas, ocultamiento de bienes e incrementos patrimoniales, falsificación de documentos y casos de hostigamiento y acoso sexual.

Buenrostro explicó que, cuando se trata de faltas graves, la Secretaría integra los expedientes y los remite al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, instancia encargada de determinar las sanciones correspondientes.

Además, informó que 517 denuncias contra servidores públicos fueron presentadas ante la Fiscalía General de la República, de las cuales 53 han derivado en vinculación a proceso. Entre los delitos identificados mencionó enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude, ejercicio ilícito del servicio público y peculado.

En cuanto a particulares y empresas, la dependencia ha sancionado a 286 personas morales, principalmente por presentar documentación falsa, incumplir contratos, simular experiencia técnica u ocultar conflictos de interés. En estos casos se han impuesto sanciones por 147.3 millones de pesos.

Transparencia y capacitación

En materia de transparencia, Buenrostro informó que el órgano desconcentrado Transparencia para el Pueblo ha resuelto 8 mil 222 recursos durante los dos primeros años de la administración.

Explicó que estos procedimientos corresponden a casos en los que una solicitud de información no fue respondida o la respuesta de una institución pública no satisfizo al solicitante.

La funcionaria señaló que actualmente alrededor de 82 por ciento de los recursos son admitidos, frente al 70 por ciento que, indicó, se registraba anteriormente.

Además, destacó que durante la administración se han realizado 1.3 millones de capacitaciones a servidores públicos, principalmente en materia de ética e integridad.

En 2026, agregó, se alcanzó un máximo histórico de 97.7 por ciento de cumplimiento en la presentación, en tiempo y forma, de declaraciones patrimoniales de servidores públicos.

Sheinbaum destaca prevención

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que una de las principales funciones de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno es intervenir antes de que una irregularidad se concrete.

Explicó que, cuando la dependencia detecta problemas en una licitación, puede detener el procedimiento, revisar lo ocurrido y tomar las medidas correspondientes.

“Primero en la prevención de una mala actuación o de corrupción; si se evita, es decir, si ellos revisan alguna licitación que no viene bien desde el principio y que tiene problemas, de inmediato la paran”, señaló la mandataria.

Sheinbaum agregó que la Secretaría trabaja junto con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Auditoría Superior de la Federación en propuestas para fortalecer la gestión pública y mejorar los mecanismos de prevención de la corrupción.

La mandataria destacó que, además de las acciones preventivas, cuando se detectan malas prácticas se aplican las sanciones administrativas correspondientes o, cuando existen posibles delitos, los casos son turnados a la Fiscalía General de la República.