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6 min La Auditoría Superior de la Federación presentó una denuncia penal contra el Gobierno de Nuevo León, encabezado por el emecista Samuel García Sepúlveda, por la supuesta triangulación de 7 mil 200 millones de pesos.
El informe de la cuenta pública 2025 de la ASF revelo este desvío, que pudo facilitarle al gobernador adquirir una propiedad que asciende a mil millones de pesos, vincula a empresas, un despacho jurídico y una firma relacionada con el mismo García Sepúlveda. El documento incluye el organigrama de la triangulación como parte de la revisión al gasto de la entidad de dicho periodo.
La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía General de la República el pasado 16 de octubre.
Al respecto, el auditor Aureliano Herández señaló explicó que “En Nuevo León y Sinaloa identificamos esquemas de triangulación, simulación de operaciones, así como la identificación de patrones para la transferencia de recursos públicos a través del pago a proveedores cuyo destino final estaría relacionado con cuentas bancarias de personas morales y físicas que mantienen vínculos familiares con servidores públicos. Tenemos mapeado el movimiento de los recursos”.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detalla que, como parte del esquema de operaciones del gobierno de Samuel García, se realizaron cuatro transferencias de recursos públicos. De estas operaciones, 928.13 millones de pesos llegaron a un despacho jurídico relacionado con el gobernador y su padre, Samuel Orlando García.
En el informe entregado a los diputados, la ASF incluye un diagrama que muestra cómo se movió el dinero entre distintas empresas hasta llegar al despacho.
De los 7 mil 200 millones de pesos, el gobierno estatal transfirió 5 mil 851 millones a una constructora. Esta empresa envió 5 mil 154.6 millones a otra compañía, que finalmente entregó 385.3 millones de pesos al despacho jurídico.
En otra operación, el gobierno pagó 964 millones de pesos a una comercializadora. De ese monto, 237 millones fueron enviados a una empresa de alimentos, que transfirió 202.9 millones al despacho. El resto del dinero se entregó a tres personas.
Además, la administración estatal pagó 243 millones de pesos a una empresa de servicios. Esta compañía entregó 65.5 millones a una consultoría. De esa cantidad, la consultoría se quedó con 2.6 millones y transfirió el resto al despacho jurídico.
Por último, el gobierno transfirió 154.2 millones de pesos a otra empresa. Esta compañía realizó pagos por 144.4 millones a una empresa de equipamiento. De ese dinero, 77.03 millones de pesos llegaron al despacho jurídico.
La Auditoría Superior de la Federación presentó una denuncia penal contra el Gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García Sepúlveda, por la supuesta triangulación de 7 mil 200 mdp.
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