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6 min El One Big Beautiful Bill Act (H.R. 1), aprobado en 2025 mediante el procedimiento de reconciliación presupuestaria, constituye una de las reformas migratorias más agresivas promovidas por una administración estadounidense en décadas. Su enfoque gira en torno al endurecimiento de la seguridad fronteriza, la ampliación del aparato de detención y deportación, y la eliminación de ayudas sociales y protecciones legales para migrantes, incluidos menores y personas con estatus legal mixto.
El nuevo paquete fiscal y de gasto aprobado por la Cámara Baja de EE.UU. marca una ofensiva clave de la administración Trump en materia migratoria y económica. Incluye un fondo de 170 mil millones de dólares para control fronterizo, triplica el presupuesto de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el destinado a la construcción de muros, reactivando una política migratoria dura y simbólica. Trump ha presentado este paquete como parte de su estrategia para hacer de EE.UU. “la frontera más fuerte de la Tierra”, en un discurso que mezcla nacionalismo económico con control migratorio. Sin embargo, el plan también introduce un impuesto del 1% a las remesas enviadas al extranjero, afectando no solo a migrantes indocumentados, sino también a ciudadanos estadounidenses. Esta medida ha generado preocupación por su impacto sobre las familias binacionales, en particular en países como México y El Salvador. En conjunto, el proyecto refuerza una visión punitiva que prioriza el control fronterizo sobre las consecuencias sociales y humanitarias, trasladando los costos a quienes mantienen vínculos familiares o económicos fuera del país.
Según el documento oficial del H.R. 1 y estimaciones del CBO, se destinan 150 mil millones de dólares a la expansión de operaciones de seguridad fronteriza y deportación entre 2025 y 2029. De este monto, 45 mil millones están orientados exclusivamente a la ampliación de centros de detención de adultos y residencias familiares, lo que permitirá detener a más de 100,000 personas simultáneamente. Además, se financia la contratación de 10,000 nuevos agentes de ICE y 5,000 oficiales de aduanas, y se reactivan políticas como Remain in Mexico y los procedimientos de deportación acelerada.
El proyecto también impone tarifas sin precedentes a migrantes que buscan alivio humanitario:
Estas tarifas no son exonerables y están indexadas a la inflación, lo que impone un obstáculo significativo para personas sin ingresos estables. Según el análisis del American Immigration Council, esta estructura desincentiva el patrocinio familiar y limita el acceso al sistema legal de inmigración.
El H.R. 1 también redefine el acceso a programas sociales clave, con efectos inmediatos sobre la salud y la seguridad alimentaria de los migrantes:
Según el CBO, estas medidas dejarán sin cobertura médica a más de 11 millones de personas, incluidas aproximadamente 1.4 millones en situación migratoria irregular.
En el ámbito sancionador, la ley establece nuevas multas y cargos financieros:
Además, el H.R. 1 deroga límites previos a la detención infantil, como el acuerdo judicial Flores, permitiendo la detención indefinida de familias migrantes. También facilita la repatriación rápida de menores no acompañados si no logran demostrar “temor creíble” a la persecución, incluso sin representación legal. Se endurecen los requisitos de verificación para patrocinadores, incluyendo antecedentes penales, estatus migratorio y condiciones del hogar.
Según análisis de Al Jazeera, estas medidas derivarán en mayor duración en custodia institucional y en la desintegración de redes familiares que antes funcionaban como mecanismos de acogida temporal.
La ley refuerza el programa 287(g), asignando 650 millones de dólares para incentivar que policías y alguaciles locales actúen como agentes migratorios. Esto extiende el alcance de ICE a nivel comunitario, aumenta el riesgo de deportación tras interacciones cotidianas con autoridades locales y debilita la confianza de las comunidades migrantes en instituciones públicas.
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