La Fiscalía General de la República (FGR) negó trabajar con “sesgos” o bajo “consignas” respecto al expediente relacionado con la pensión vitalicia otorgada en 2004 por Petróleos Mexicanos (Pemex) a María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
“Es absolutamente falso que esta institución trabaje por consigna, como dolosamente se ha señalado en algunas publicaciones en redes sociales”, aclaró la FGR.
Precisó que el Ministerio Público Federal (MPF) analiza detalladamente la indagatoria, a efecto de verificar que haya sido integrada conforme a derecho, una vez que fue judicializada en el mes de septiembre y no recientemente, “como algunas versiones lo han señalado erróneamente”.
Reiteró que en este caso trabaja para realizar investigaciones en el marco de la ley, sin sesgos de ningún otro tipo “que no sea el marco jurídico, con la finalidad de respetar los derechos de todas las personas”.
Cabe recordar que el Ministerio Público Federal judicializó una carpeta de investigación en contra de Casar para que sea juzgada “por su probable intervención en la comisión del hecho señalado en la ley como delito de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades” a través de la cual obtuvo una pensión vitalicia tras el suicidio de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, el 7 de octubre de 2004.
Padilla García ingresó a Pemex como coordinador ejecutivo de la Dirección Corporativa de Administración el 1° de junio de 2004 —durante el sexenio del panista Vicente Fox— y falleció el 7 de octubre de ese mismo año (sólo colaboró en ese puesto directivo por 129 días).
Sin embargo, el 15 de octubre de 2004, María Amparo Casar solicitó la pensión y el pago del seguro. Octavio Romero Oropeza, extitular de Pemex, explicó en 2024 que “una cosa curiosa o poco usual” fue que “los funcionarios le pagan el primer cheque de pensión ese mismo mes y el 19 de noviembre recibe el pago de seguro", pese a que estaba en curso una investigación para determinar la causa de la muerte, por lo que resulta irregular que hayan dado los recursos del seguro sin que se hubiera cerrado la investigación.
Hasta febrero de 2024, cuando se suspendieron los pagos, se transfirieron a María Amparo Casar pensiones por 31 millones de pesos, a razón de 125 mil pesos mensuales y el seguro a razón de 17 millones 600 mil pesos.