Revela Gobierno de México red de corrupción en el INE vinculada con integrantes del partido SOMOS MX

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno detectó y documentó una red de contrataciones irregulares, triangulación de recursos y simulación contractual que operaba en el Instituto Nacional Electoral (INE) y en diversos Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) desde el año 1999, la cual involucra a exintegrantes del organismo electoral agrupados actualmente en el partido SOMOS MX. 

Durante la Mañanera del Pueblo de este 5 de noviembre, la mandataria mexicana explicó que la red está constituida por seis compañías vinculadas con los hermanos Hernández Casillas: Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Comercializadora JVLY, Corporativo ZEG y Formas Finas Fernando Fernández. 

Entre 2015 y 2023, 23 de los 32 OPLEs designados por el Consejo General del INE asignaron contratos por 2,094 millones de pesos a los hermanos Hernández Casillas como proveedores electorales. Además, entre 2024 y 2025, la misma red empresarial obtuvo contratos por 646.3 millones de pesos con 15 OPLEs. 

Sheinbaum Pardo señaló que esta red de los hermanos Hernández Casillas tiene vínculos con Juan Carlos Padilla Aguilar, quien actualmente forma parte del partido SOMOS MX, en el cual coincide con exintegrantes del INE: Marco Antonio Baños, representante suplente del partido ante el INE; Edmundo Jacobo Molina, titular del Centro de Formación y Profesionalización Política; y Lorenzo Córdova, integrante de su Consejo Consultivo Ciudadano. 

Por su parte, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, explicó que el origen de esta red se remonta a la década de los ochenta, cuando los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas se desempeñaban como funcionarios en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal y posteriormente en el CISEN, dentro de la Secretaría de Gobernación. 

A partir de 1999, tras la obtención de un primer contrato por 63.7 millones de pesos en el Estado de México que derivó en la renuncia de los consejeros electorales locales por irregularidades, la red comenzó a consolidar un monopolio en el suministro de papelería y materiales electorales. 

Entre 2014 y 2025, aprovechando omisiones de supervisión institucional, el grupo diversificó sus operaciones hasta obtener contratos por más de 2 mil 740 millones de pesos adjudicados por al menos 23 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) de todo el país. 

El esquema central de operación radicaba en la simulación sistemática de competencia en las licitaciones públicas organizadas tanto por el INE como por los institutos locales. Las seis empresas involucradas se presentaban de manera simultánea a los mismos procesos de licitación simulando proponer precios distintos para asegurar que el contrato fuera adjudicado invariablemente a una de las firmas de la misma red. 

Tras este entramado corporativo se identificó una estructura cruzada de socios, apoderados y familiares, integrados por hijos, cónyuges y prestanombres vinculados directamente con los hermanos Hernández Casillas. 

La investigación expuesta por el Gobierno de México reveló además que varias de las compañías beneficiadas carecían de capacidad operativa real, ya que no contaban con infraestructura ni trabajadores registrados en nómina para cumplir con la producción de los materiales. 

Para ocultar a los beneficiarios finales de los recursos públicos, la red recurría al uso de personas en situación vulnerable como prestanombres, registrando incluso a una persona de 96 años de edad, combinado con esquemas financieros de lavado de dinero y la intermediación de empresas factureras. 

Ante el hallazgo de estas anomalías, las autoridades federales informaron que el caso se encuentra en manos de diversas instancias institucionales: la Secretaría de Hacienda, a través del SAT y la UIF, rastrea las operaciones financieras y el uso de factureras; la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determina responsabilidades administrativas por la asignación de los contratos; y la Fiscalía General de la República (FGR) integra las carpetas de investigación correspondientes para proceder penalmente contra quienes resulten responsables. 

Cabe recordar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), determinó la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas de 25 personas físicas y 15 personas morales, vinculadas con proveedores electorales, tras identificar operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y ameritan su revisión por parte de las autoridades competentes.

Por otra parte, la presidenta criticó que algunos medios de comunicación buscaron crear la narrativa de que Guadalupe Taddei era de Morena. Destacó que Taddei fue nombrada originalmente como presidenta del OPLE de Sonora por Lorenzo Córdova y el Consejo General del INE en 2014, y posteriormente llegó a la presidencia del órgano nacional a través del proceso de insaculación al no alcanzarse las dos terceras partes de acuerdo entre los partidos políticos en el Congreso. 

Al reiterar que se debe investigar a fondo, deslindar responsabilidades y transparentar de manera definitiva las contrataciones de papelería electoral del INE, la mandataria informó que la próxima semana presentará un decreto para fortalecer y transparentar Talleres Gráficos de México. 

Esta medida contempla integrar un consejo de administración ampliado con la participación de instituciones académicas y la Auditoría Superior de la Federación, con el fin de que sea la empresa del Estado la que produzca la mayor parte de los materiales electorales de forma directa y limpia rumbo a la elección de 2027.