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6 min La Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y la Guardia Nacional activaron el Plan DN-III-E y el Plan Marina en ocho entidades del Golfo de México y costas del Pacífico ante la presencia de las tormentas tropicales Raymond y Priscilla.
Como medida de prevención de desastres y auxilio a la población en Colima, Guerrero, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Sinaloa y Veracruz, la GN y el Ejército Mexicano pusieron en marcha los protocolos para salvaguardar a la población por las posibles afectaciones que dejen a su paso dichos fenómenos meteorológicos.
Como parte de esta estrategia de atención, las fuerzas federales, en coordinación con las autoridades estatales, municipales y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), implementaron refugios temporales y realizan recorridos de evaluación de daños, labores de limpieza y remoción de tierra y árboles, monitoreo de niveles de ríos, presas y arroyos.
Estas acciones de auxilio también se llevan a cabo en estados como Puebla, que resultaron afectados por las fuertes precipitaciones registradas estos 9 y 10 de octubre en 31 entidades de la República. De acuerdo con Laura Velázquez Alzúa, titular de la CNPC, en esta entidad se evacuó a familias en zonas de vulnerabilidad, se monitorea y brinda atención a caminos y zonas susceptibles a derrumbes y se atienden las intermitencias en el servicio eléctrico y de telefonía celular en zonas como la Sierra Nororiental.
Las fuerzas federales continúan con la atención a esta contingencia y se espera que las 12 horas de este viernes el Gobierno Federal actualicé la cifra de afectaciones.
A cuatro días desde las elecciones presidenciales en Honduras, continúa el conteo de votos en medio de una cerrada contienda entre Nasry “Tito” Asfura y Salvador Nasralla, quien argumenta fraude.
El periódico The New York Times presentó una demanda contra el Departamento de Defensa de EE.UU., argumentando que las nuevas restricciones del Pentágono vulneran los derechos de los periodistas.
La SEGOB aseguró que no existe razón para los bloqueos de productores agrícolas en la Frontera Norte, pues fueron tomados en cuenta sus planteamientos respecto de la Ley de Aguas Nacionales.
La entidad homologa así su normativa con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y con los estándares internacionales en derechos humanos.