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La Fiscalía de Nuevo León informó este 1 de octubre la detención en Madrid, España, de Víctor Hugo “N”, empresario de 31 años, tras la emisión de una ficha roja de INTERPOL solicitada por la Fiscalía General de la República.
El fiscal del estado Javier Flores Saldívar detalló que enfrenta múltiples denuncias por presunto fraude al convencer a inversionistas de reinvertir sus ganancias en “esquemas de altos rendimientos” que nunca fueron cubiertos. Explicó que se ofrecían intereses de hasta el 24%, una cifra que debía ser señal de alerta por su inviabilidad y riesgo de fraude.
De acuerdo con las investigaciones, el daño económico asciende a unos 150 millones de pesos, con entre ocho y catorce denuncias formales presentadas ante la Fiscalía estatal.
La Fiscalía señaló que el fraude se habría cometido a través de la empresa PEAK Growth Capital, utilizada para captar inversiones y reinversiones sin cumplir con los beneficios prometidos.
Tras el arresto, se iniciaron los trámites para solicitar la extradición y que el detenido enfrente los cargos en Monterrey. Flores Saldívar exhortó a posibles víctimas adicionales a presentar sus denuncias y recordó que las autoridades continuarán con el seguimiento de los casos para garantizar justicia a los afectados.
Víctor Hugo es señalado en Nuevo León por engañar a inversionistas con promesas de rendimientos elevados, alentándolos a reinvertir sus ganancias en la misma empresa, pero incumpliendo sistemáticamente los beneficios acordados.
A cuatro días desde las elecciones presidenciales en Honduras, continúa el conteo de votos en medio de una cerrada contienda entre Nasry “Tito” Asfura y Salvador Nasralla, quien argumenta fraude.
El periódico The New York Times presentó una demanda contra el Departamento de Defensa de EE.UU., argumentando que las nuevas restricciones del Pentágono vulneran los derechos de los periodistas.
La SEGOB aseguró que no existe razón para los bloqueos de productores agrícolas en la Frontera Norte, pues fueron tomados en cuenta sus planteamientos respecto de la Ley de Aguas Nacionales.
La entidad homologa así su normativa con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y con los estándares internacionales en derechos humanos.