https://www.sprinforma.mx/noticia/imputan-en-sonora-a-dos-excolaboradores-del-gobierno-estatal-por-peculado
6 min La Fiscalía General de Sonora informó que este 29 de agosto se llevó a cabo la audiencia en la que se formuló la imputación en contra de José Víctor “N” y Francisco “N”, excolaboradores de la gobernadora priísta de dicho estado en el periodo 2015-2021, Claudia Pavlovich Arellano, por su probable responsabilidad en los delitos de peculado e incumplimiento de un deber Legal.
De acuerdo con la dependencia, durante la audiencia, el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Anticorrupción de Sonora presentó datos de prueba suficientes, pertinentes y oportunos para solicitar la vinculación a proceso de los imputados.
No obstante, la defensa solicitó la ampliación del término constitucional a 144 horas, por lo que se espera que, tras concluir ésta, los tribunales determinen la situación jurídica de los señalados.
Finalmente, el juez de Control impuso la prisión preventiva justificada como medida cautelar con el fin de garantizar la comparecencia de los imputados en las audiencias consecuentes.
José Víctor “N” fue identificado como ex secretario de Educación y Cultura en la entidad; por su parte, Francisco Alberto “N” también ocupaba un alto cargo dentro de la administración estatal.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, José Víctor fue aprehendido el pasado jueves 28 de agosto en Hermosillo, por lo que fue trasladado al Centro de Reinserción Social no. 1 de la ciudad, en donde quedó a disposición de las autoridades judiciales.
A cuatro días desde las elecciones presidenciales en Honduras, continúa el conteo de votos en medio de una cerrada contienda entre Nasry “Tito” Asfura y Salvador Nasralla, quien argumenta fraude.
El periódico The New York Times presentó una demanda contra el Departamento de Defensa de EE.UU., argumentando que las nuevas restricciones del Pentágono vulneran los derechos de los periodistas.
La SEGOB aseguró que no existe razón para los bloqueos de productores agrícolas en la Frontera Norte, pues fueron tomados en cuenta sus planteamientos respecto de la Ley de Aguas Nacionales.
La entidad homologa así su normativa con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y con los estándares internacionales en derechos humanos.