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Advierte Informe crímenes de lesa humanidad en El Salvador durante gobierno de Bukele

En el marco del régimen de excepción implementado en El Salvador desde marzo de 2022 por el gobierno del presidente Nayib Bukele, con el respaldo del Congreso dominado por el partido Nuevas Ideas, se habrían cometido violaciones a derechos humanos que “podrían constituir crímenes de lesa humanidad”, de acuerdo con un informe presentado este martes 11 de marzo.

El documento fue expuesto durante una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizada en Ciudad de Guatemala, y fue elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES).

“El informe concluye que existen bases razonables para creer que, en el marco del régimen de excepción, se están cometiendo crímenes de lesa humanidad conforme al artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI)”, señala el documento leído durante la sesión.

Además, advierte que “los casos documentados indican la existencia de una política de actuación policial y militar, conocida y promovida incluso por los más altos mandos del gobierno del presidente Nayib Bukele”.

Durante la audiencia, Leonor Arteaga, representante de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), con sede en Washington D. C., señaló que “El Salvador ha sido presentado como un ejemplo de éxito en la reducción de la criminalidad. Sin embargo, victimas, organizaciones de la sociedad civil y periodistas han sufrido en carne propia los altos costos de este publicitado éxito”.

“Detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, violaciones masivas al debido proceso y actos de tortura se han convertido en prácticas sistemáticas en el país. Hoy muchos salvadoreños han dejado de temer a las pandillas para empezar a temer al propio estado”, dijo Arteaga.

En un comunicado difundido por la DPLF, la experta Susana SáCouto advirtió que “los hechos documentados apuntan a la comisión de crímenes internacionales contra la población civil, entre ellos encarcelamiento en violación de normas fundamentales del derecho internacional —incluyendo la detención de niñas, niños y adolescentes—, tortura, asesinatos, desapariciones forzadas, violencia sexual, persecución y otros actos inhumanos”.

La especialista agregó que hasta agosto de 2025 "se han documentado 403 muertes bajo custodia estatal, incluidos cuatro niños, y hasta febrero de 2025 se registraron 540 casos de desaparición forzada".

Ante estos hallazgos, el GIPES recomendó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas crear una misión internacional de determinación de hechos sobre violaciones a derechos humanos con el fin de "asegurar la rendición de cuentas y justicia".

El informe cuenta con el respaldo de diversas organizaciones internacionales, entre ellas la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), InterJust, el Proyecto de Investigación IMPACTUM y el Programa para el Estudio de los Derechos Humanos en Contexto de la Universidad de Gante, en Bélgica.