El regreso de Estados Unidos a la Luna no es únicamente una apuesta científica. Detrás del NASA y su Programa Artemis se está configurando una arquitectura que, aunque presentada como civil y cooperativa, tiene implicaciones de seguridad internacional, pues mientras se busca establecer presencia humana sostenible en la región que conecta la órbita terrestre con el entorno lunar, este objetivo podría implicar algo más profundo.
A diferencia de la carrera espacial del siglo XX, el marco legal actual, definido por el Tratado del Espacio Exterior, firmados bajo el sistema de las Naciones Unidas en 1967, no está prohibida toda actividad militar en el espacio, sino únicamente la instalación de armas de destrucción masiva o bases militares en cuerpos celestes. Dejando una laguna jurídica en la que programas civiles pueden desarrollar capacidades con aplicaciones duales.
En ese contexto, Artemis no sólo contempla misiones tripuladas, sino también sistemas de navegación, comunicaciones y logística que funcionarán como una especie de “infraestructura base” en el entorno lunar. Desarrollos que son comparables, en términos estratégicos, a la creación de rutas marítimas o redes satelitales: quien controla los nodos clave, controla el acceso.
El concepto que sintetiza esta preocupación es el de “conciencia del dominio espacial”, impulsado por la Fuerzas Espaciales de los EE. UU., que proyecta operaciones más allá de la órbita terrestre. El objetivo no es menor: saber qué actores están presentes en el espacio cislunar, qué hacen y con qué capacidades cuentan.
La línea entre lo civil y lo militar se vuelve aún más difusa con la cooperación institucional. La NASA mantiene acuerdos con el Departamento de Defensa estadounidense en áreas como comunicaciones y monitoreo espacial, replicando un modelo ya conocido: tecnologías nacidas en el ámbito militar que luego se integran al uso civil, como ocurrió con el GPS.
Por otro lado, los Acuerdos Artemis en 2020, promovidos por Washington y firmados por decenas de países, pero sin ser vinculantes, establecen reglas para la exploración y uso de la Luna. Entre ellas destaca la creación de “zonas de seguridad” alrededor de instalaciones, un mecanismo que, si bien busca evitar interferencias, podría traducirse en formas de control territorial de facto.
En paralelo, otras naciones avanzan por su cuenta. China, junto con Rusia, impulsan su propio proyecto de base lunar, fuera del marco de Artemis. Este desarrollo apunta a la formación de dos esferas de gobernanza espacial, replicando dinámicas de competencia que ya se observan en la Tierra.
Más que una carrera armamentista en sentido tradicional, lo que emerge es una competencia por establecer presencia, normas y capacidades en un territorio aún en formación. Artemis, en ese sentido, no sólo marca el potencial regreso a la Luna, sino el inicio de una nueva etapa en la geopolítica del espacio.