El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil impuso una multa de 7.5 millones de reales (aproximadamente 1.3 millones de dólares) a la empresa tecnológica Meta, por incumplir las órdenes judiciales relacionadas con el trato igualitario a los candidatos Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro durante las pasadas elecciones presidenciales.
La sanción fue aprobada por unanimidad por los siete magistrados del tribunal, quienes determinaron que la compañía incumplió plazos y faltó a la transparencia al entregar información incompleta, genérica e incluso en otro idioma a las autoridades electorales.
El pasado 15 de octubre, el juez Marco Aurélio Bellizze, ponente del caso en el TSE, prohibió a Meta restringir sin justificación el alcance de la difusión de contenido político-electoral relacionado con ambas campañas hasta el final de la segunda vuelta. Además, ordenó a la empresa implementar una serie de medidas, cuya decisión preliminar fue confirmada por unanimidad por el tribunal.
Durante la votación de la sentencia de fondo, realizada el martes 10 de noviembre, Bellizze se pronunció a favor de aceptar parcialmente la demanda presentada por la campaña de Lula. El magistrado señaló que, si bien se acreditaron irregularidades, no se demostró que Meta hubiera actuado deliberadamente para favorecer al candidato de derecha y perjudicar al entonces mandatario.
"Lo que revela la hipótesis de los registros, sin embargo, es la dificultad que se supone para hacer efectivas las medidas. Se comprobó que la mayoría de las determinaciones se cumplieron después de los plazos establecidos, de forma incompleta o mediante declaraciones cuya verificación depende de datos que solo las representan", afirmó.
Asimismo, el juez sostuvo que "la transformación digital no puede crear una zona de inmunidad regulatoria precisamente en el entorno en el que se forma una parte significativa de la voluntad política contemporánea".
Durante la campaña, el equipo del entonces candidato del Partido de los Trabajadores (PT) denunció una supuesta manipulación algorítmica de Facebook, Instagram y WhatsApp, al considerar que las restricciones a contenidos proselitistas perjudicaban su presencia en las plataformas.
Ante el TSE, el abogado Angelo Ferraro acusó a Meta de comportarse como un "agente político" y cometer irregularidades graves. En respuesta, la representante legal de la empresa, Patrícia Marta Martins, calificó las acusaciones de interferencia como "falsas e infundadas" y aseguró que la compañía cumplió íntegramente las exigencias judiciales.
Tras ganar las elecciones, Lula prometió profundizar la regulación de las redes sociales en Brasil. Durante su gobierno se aprobó un marco legal que establece responsabilidades para las empresas tecnológicas por los contenidos difundidos por sus usuarios.
En tanto, Bolsonaro huyó de Brasil a Estados Unidos, pasando por Argentina y Ecuador, mientras la policía lo investiga por presunto lavado de dinero.
El Partido de los Trabajadores (PT) celebró la decisión unánime del Tribunal Superior Electoral (TSE) que condenó a Meta a pagar 7,5 millones de reales por no cumplir con las órdenes judiciales durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026.
El secretario nacional de Comunicación del PT, Éden Valadares, atribuyó el resultado a la movilización de la campaña presidencial y de militantes que denunciaron supuestas irregularidades en el funcionamiento de las plataformas durante el periodo electoral.
“Esta victoria es nuestra, de la campaña del presidente Lula y de los militantes que ayudaron a denunciar estas irregularidades, así como de todos los que defienden la soberanía digital. Es una victoria de Brasil y un ejemplo para el mundo”, afirmó Valadares.