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6 min El expresidente peruano, Pedro Castillo, fue condenado a 11 años de prisión, junto con sus exministros Betssy Chávez y Willy Huerta, así como con el exasesor Aníbal Torres, por el delito de “rebelión” tras su intento de autogolpe de Estado el 7 de diciembre de 2022.
Al haber ejercido como jefe de Estado, a Castillo se le impuso una pena de 11 años, 11 meses y 15 días de cárcel, además de dos años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y el pago de una reparación civil de 12 millones de soles (65,313,896 de pesos).
Durante la lectura del fallo, el tribunal sostuvo que “los acusados hicieron un acuerdo para atentar contra el orden constitucional y se organizaron para cumplir un rol a fin de materializar el contenido del mensaje a la Nación”, leído por Pedro Castillo en su anuncio televisado del 7 de diciembre.
La Sala adelantó que a Betssy Chávez le corresponde la misma pena que al expresidente, mientras que Willy Huerta y Aníbal Torres recibieron sanciones diferenciadas, con la precisión de que, si apelan, la ejecución de sus condenas podría quedar provisionalmente suspendida.
En este marco, Torres, exjefe del gabinete de asesores PCM, fue sentenciado a 6 años y 8 meses, y en el caso de Huerta se suspendió la ejecución de la pena.
El tribunal afirmó que Chávez dispuso que el vehículo oficial del PCM se dirigiera a la Embajada de México pese a haber presentado su renuncia, y que “se encargó de ingresar ‘irregularmente’ a los periodistas de TV Perú con el fin de transmitir el mensaje a la Nación”.
Asimismo, concluyó que Huerta facilitó su teléfono para que Castillo ordenara al comandante general de la Policía el cierre del Congreso, descartando que se tratase de una sorpresa.
El mensaje televisado, difundido por TV Perú desde Palacio de Gobierno, incluyó la decisión de “disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional”, así como decretar un toque de queda nacional y anunciar la reorganización del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.
El proceso actual se centra en la conspiración previa al anuncio. Para la Sala, “está indiscutiblemente probado que Pedro Castillo resolvió, en su condición de Presidente de la República, atentar contra el orden constitucional”, aunque no se concretó el componente armado propio de una rebelión consumada. Con esta adecuación jurídica, los jueces precisaron que no alteraron los hechos imputados, sino su clasificación legal.
Castillo, maestro rural y sindicalista que llegó a la presidencia en 2021 contra todos los pronósticos y sin vínculos con las élites políticas peruanas, escuchó la sentencia con serenidad junto a su abogado, según registraron las cámaras del Poder Judicial.
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