El Gobierno de Estados Unidos revocó la visa de Eduardo Morgolis Sobol, empresario mexicano dedicado al sector del blindaje de autos y de seguridad privada, por presuntamente participar en actividades ilícitas, como corrupción y lavado de dinero.
De acuerdo con las investigaciones del Departamento de Estado, el caso de Eduardo Morgolis está vinculado con investigaciones en torno a la empresa Limited Liability Company, una compañía registrada en Aventura, Florida, presuntamente utilizada para el movimiento de activos entre México y Estados Unidos.

Además, las autoridades estadounidenses sospechan que la esta empresa Epel LLC operó como un mecanismo para transferir activos entre México y Estados Unidos, fuera del circuito de sus negocios declarados.
La decisión del Gobierno estadounidense forma parte de una serie de acciones recientes contra empresarios y políticos mexicanos que enfrentan investigaciones por lavado de dinero, corrupción y contratos irregulares.

Incluso, Margolis Sobol es investigado en México por presuntamente realizar operaciones con recursos de origen ilícito, evasión fiscal y adjudicaciones directas de contratos públicos, y en EUA, por lavado de dinero.
Cabe señalar que el empresario, y miembro de la comunidad judía, también está vinculado al caso de Florence Cassez e Israel Vallarta, por presuntamente haber planeado el montaje en el que ambas personas fueron acusadas de supuestamente dirigir una banda de secuestro.

Sin embargo, las autoridades judiciales determinaron que tanto Florance Cassez como Israel Vallarta fueron parte de una simulación, en la cual participaron medios de comunicación y autoridades federales, en especial, el exsecretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón, Genaro García Luna; y Luis Cárdenas Palomino, quien torturó a Vallarta para lograr su declaración de culpabilidad.
Testimonios señalan que Margolis tuvo acceso a información privada a través de una relación personal y profesional con el hermano de Florence Cassez. Por lo que, habría estado presente en la planeación del montaje televisivo.
Incluso, en 2005, Margolis habría intervenido para ordenar la detención arbitraria de George Khoury Layón, por presuntas relacionada con disputas comerciales. Fuentes indican que contó con apoyo de policías federales ligados a García Luna y de personal penitenciario que respondía a sus interese

En México, la empresa Blindajes EPEL S.A. de C.V., controlada históricamente por Margolis, es objeto de investigaciones por parte de la antigua Secretaría de la Función Pública, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Fiscalía General de la República (FGR).
Las indagatorias de las autoridades apuntan a operaciones con recursos de origen ilícito, evasión fiscal y adjudicaciones directas de contratos públicos.

El expediente CEDAC-004040-2025-FGR detalla presuntas irregularidades relacionadas con ingresos en efectivo no declarados y estructuras paralelas para el movimiento de recursos.
Y es que Blindajes EPEL obtuvo 55 contratos gubernamentales con un valor superior a los 445 millones de pesos de la Secretaría de Seguridad, del Banco de México, del Consejo de la Judicatura Federal, de la FGR, así como los Gobiernos de Nuevo León, Chihuahua, Michoacán y Veracruz.

De acuerdo con las investigaciones previas, Eduardo Margolis estableció vínculos con medios de comunicación a través de su empresa CV Directo de México, dedicada a la venta de productos por televisión. Esta cercanía le permitió mantener relaciones con figuras de alto nivel en medios de comunicación y estructuras policiales, siendo la de Genaro García Luna la que más destaca.
Margolis también fue señalado por su relación con Isabel Miranda Torres o también conocida como Isabel Miranda de Wallace, desde su participación conjunta en agencias de inteligencia y seguridad, como el CISEN y la AFI.

En años recientes, su poder empresarial ha disminuido. Fuentes del sector indican que su socio Ernesto Mizrahi Haiat asumió el control operativo de Blindajes EPEL. Además, surgió la compañía Total Shield, considerada una estructura paralela para reducir el escrutinio público y financiero.

Incluso, la sede histórica de Blindajes EPEL, en Polanco, dejó de operar como centro de actividades principales. Sin embargo, Margolis mantiene operaciones en ubicaciones cercanas mediante una red de empresas que siguen obteniendo contratos públicos.