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6 min 4 manifestantes detenidos tras la megamarcha por el agua del 11 de octubre en Guadalajara, fueron vinculados a proceso este viernes, mientras familiares, colectivos y ciudadanos se concentran frente al Juzgado de Control y Juicio Oral del Distrito 1, en Puente Grande, para exigir justicia ante lo que califican como un abuso por parte de las autoridades estatales. Las familias y los colectivos piden que cesen las acusaciones y exigen respeto al derecho a la protesta.
La audiencia de Alexis Guzmán Ríos, Samuel Morales Navarro, Teodoro Jesús Torres Valdez y Juan Darío Muñoz Nava inició a las 10 de la mañana y se prolongó durante cinco horas. Al término, un juez determinó vincular a proceso a los cuatro manifestantes por los delitos de lesiones y contra la autoridad.
Los abogados del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), defensores de los acusados, señalaron que la decisión del juez omitió las pruebas presentadas por la defensa. También denunciaron diversas irregularidades desde la primera audiencia, realizada el pasado lunes en el mismo penal. Confirmaron que los cuatro continuarán su proceso en libertad, pero deberán presentarse a firmar ante las autoridades cada mes.
Además de exigir que se investiguen los presuntos abusos policiales, familiares y colectivos advierten que la vinculación a proceso de los cuatro detenidos podría sentar un precedente contra el activismo y el derecho a la libre protesta en Jalisco.
Cabe señalar que esta semana fueron liberados los 35 detenidos restantes bajo el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que les permite llevar el proceso fuera de prisión. Sin embargo, la Fiscalía estatal advirtió que continúan bajo investigación y podrían enfrentar cargos penales en cualquier momento si el Ministerio Público decide proceder en su contra.
Colectivos de derechos humanos señalan que el Gobierno de Jalisco solo cedió a liberarlos físicamente debido a la presión social, pero mantiene activa la amenaza legal contra los activistas. También denunciaron irregularidades en el proceso: las audiencias comenzaron sin siquiera aparecer en el itinerario de los juzgados de Puente Grande, según acusó la defensa de los detenidos. Además, se cerró el acceso al público, lo que, señalaron, contraviene las garantías establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y el principio de publicidad.
Mientras tanto, los manifestantes se recuperan de los golpes y de la exposición al gas lacrimógeno utilizados por policías de la Secretaría de Seguridad estatal. Ninguno se encuentra en peligro. Asimismo, solicitaron que el caso sea atraído por la Fiscalía General de Justicia para que se investigue la cadena de mando y se sancione a quienes resulten responsables del uso excesivo de la fuerza pública.
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