80% de las armas utilizadas contra el Ejército en operativo de captura del Mencho provenían de Estados Unidos: Secretaría de la Defensa

La detención de Rubén “N”, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo federal realizado el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, no solo representó un golpe estratégico contra una de las organizaciones criminales más poderosas del país, sino que volvió a colocar en el centro del debate público el origen del armamento que nutre a los grupos delictivos en México. 

Más allá del impacto operativo, el caso reactivó la discusión sobre la corresponsabilidad bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.

Durante la Mañanera del Pueblo del 23 de febrero, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, reiteró que en lo que va de la actual administración se han asegurado más de 23 mil armas, de las cuales alrededor del 80% provienen de Estados Unidos.

“En este caso es la misma proporción”, puntualizó al ser cuestionado sobre el armamento utilizado por los delincuentes durante el operativo en Tapalpa. La cifra coincide con estimaciones recurrentes de autoridades mexicanas y agencias estadounidenses que han documentado que la mayoría de las armas recuperadas en escenas del crimen en México tienen origen en el mercado estadounidense.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que muchas de las armas que cruzan la frontera son de alto calibre y, en algunos casos, de especificaciones similares a las de uso militar, y que posteriormente terminan en manos del crimen organizado.

Investigaciones del International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) y de The New York Times documentaron que cárteles mexicanos han utilizado munición calibre .50, fabricada en la planta Lake City Army Ammunition Plant, una instalación que produce cartuchos para el Ejército estadounidense y también para el mercado civil a través de contratistas. 

En el ataque registrado en 2019 en Villa Unión, Coahuila, autoridades hallaron casquillos de ese calibre con la marca “Lake City”. 

De acuerdo con el reportaje, desde 2012 la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF) ha incautado más de 40 mil cartuchos calibre .50 en estados fronterizos con México, y cerca de un tercio provenían de esa planta. Entre 2019 y 2024 las incautaciones aumentaron de manera significativa en la frontera sur.

Especialistas citados en la investigación advierten que la munición calibre .50 puede alcanzar objetivos a más de un kilómetro y medio de distancia y perforar blindaje, lo que modifica el equilibrio en enfrentamientos contra fuerzas de seguridad. 

En ese contexto, la mandataria ha insistido en que el combate al tráfico ilícito debe asumirse como una responsabilidad compartida. “Así como nosotros colaboramos para evitar la entrada de drogas, ellos tienen que colaborar para evitar la entrada de armas a México”, señaló el pasado 18 de febrero, enmarcando el tema dentro de los acuerdos de cooperación bilateral.

El reclamo ha sido planteado incluso en conversaciones directas con el presidente estadounidense, Donald Trump, en medio de negociaciones más amplias que incluyen comercio, migración y estrategias contra el narcotráfico. Para el gobierno mexicano, el flujo de armas hacia el sur es un componente estructural del problema de violencia que enfrenta el país, mientras que el consumo de drogas en el norte completa una dinámica transnacional que exige soluciones coordinadas.

En 2021, México impulsó demandas en tribunales de Estados Unidos contra fabricantes y distribuidores de armas, argumentando que prácticas comerciales negligentes facilitaban el tráfico ilícito hacia territorio mexicano. 

Sin embargo, la Suprema Corte de Estados Unidos determinó que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) otorga inmunidad a los fabricantes frente a este tipo de reclamaciones, al considerar que no se acreditó que hubieran ayudado o instigado directamente el tráfico ilegal. Con ello, el máximo tribunal revocó decisiones previas que habían permitido avanzar el litigio.

La Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su desacuerdo con el fallo y aseguró que continuará explorando vías legales y diplomáticas para frenar el trasiego ilícito de armas. También recordó que existe una segunda demanda en curso en Tucson, Arizona, contra tiendas distribuidoras, la cual sigue su curso procesal.

El operativo en Tapalpa volvió a evidenciar el poder de fuego con el que operan los cárteles. De acuerdo con la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, cada año se trafican ilegalmente alrededor de 200 mil armas desde Estados Unidos hacia México, muchas de las cuales terminan involucradas en homicidios y enfrentamientos contra fuerzas federales.

En este contexto, la administración federal sostiene que la reducción de la violencia requiere no solo operativos y aseguramientos dentro del país, sino también mecanismos más eficaces para frenar el flujo de armamento desde el exterior, en una agenda que combina seguridad, diplomacia y responsabilidad compartida.