El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó el intento de Kim Davis, exfuncionaria del condado de Kentucky, de anular el fallo de 2015 que legalizó el matrimonio igualitario en el país.
El alto tribunal, con una mayoría conservadora de 6-3, desestimó la apelación de Davis, quien fue demandada por una pareja gay después de negarse a emitirles una licencia de matrimonio tras la decisión de 2015 que reconoció el derecho constitucional al matrimonio entre personas del mismo sexo.
Kim Davis fue condenada a pagar más de 360 mil dólares en concepto de daños, perjuicios y costas judiciales por violar el derecho de la pareja a contraer matrimonio.
La exfuncionaria ha declarado anteriormente que el matrimonio entre personas del mismo sexo entra en conflicto con sus creencias religiosas como cristiana apostólica.
En 2022, el juez federal David Bunning rechazó sus argumentos al señalar que: “No puede usar sus propios derechos constitucionales como escudo para violar los derechos constitucionales de otros mientras desempeña sus funciones como funcionaria electa”.
El fallo de 2015, conocido como Obergefell contra Hodges, estableció que las garantías constitucionales de debido proceso e igual protección ante la ley impiden a los estados prohibir los matrimonios entre personas del mismo sexo.
La decisión fue aprobada por cinco votos a favor y cuatro en contra. El juez conservador Anthony Kennedy, acompañado por cuatro jueces liberales, escribió en la sentencia que la esperanza de las personas homosexuales que deseaban casarse era “no ser condenadas a vivir en soledad, excluidos de una de las instituciones más antiguas de la civilización. Piden igual dignidad ante la ley. La Constitución les concede ese derecho”.
Anular este fallo permitiría a los estados restablecer o aprobar leyes que prohíban el matrimonio entre personas del mismo sexo.
El gobierno de Donald Trump no se pronunció sobre el caso Davis mientras la Suprema Corte analizaba si debía atenderlo.
Actualmente, la ideología conservadora predomina en el tribunal, a diferencia de hace una década.
En 2022, la Suprema Corte revocó la sentencia Roe contra Wade de 1973, que reconocía el derecho constitucional de las mujeres al aborto y lo legalizaba en todo el país.
Para algunos expertos, esta decisión reavivó las expectativas de grupos conservadores y republicanos que se oponen al fallo Obergefell, con la esperanza de que el tribunal considere revocar también el derecho al matrimonio igualitario.
En lo que va del año, se han presentado 616 proyectos de ley estatales anti-LGBTIQ+ en distintos estados. De ellos, 71 se han convertido en ley, 248 han sido rechazados y 285 permanecen en trámite parlamentario.
Aunque muchas de estas iniciativas no prosperen, las organizaciones en defensa del colectivo LGBTIQ+ advierten que su sola presentación alimenta la “lgtbifobia” en el país.