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6 min En Londres, el juez Stephen Houseman emitió una dura crítica contra el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego tras revelarse que su equipo legal contrató a la firma de inteligencia privada Black Cube para obtener información privilegiada de la contraparte en un litigio internacional. La operación, realizada mediante grabaciones encubiertas en una cena, fue calificada por el magistrado como un intento de “socavar la igualdad de condiciones” dentro del proceso judicial.
De acuerdo con reportes judiciales, el equipo de Salinas Pliego recurrió a Black Cube —firma conocida por operaciones de infiltración— para acercarse y grabar de manera secreta a un abogado de la parte contraria. La intención era obtener declaraciones que pudieran utilizarse como evidencia para resolver el caso a favor del magnate mexicano sin necesidad de ir a juicio formal.
Sin embargo, al analizar los materiales obtenidos clandestinamente, el juez Houseman determinó que su uso sería inapropiado y atentaría contra la integridad del proceso. El magistrado señaló que dichas pruebas “ofendían a la justicia” y vulneraban principios básicos del litigio, ya que fueron dirigidas específicamente a un abogado protegido por el secreto profesional.
Aunque Houseman reconoció que el método de obtención —a través de Black Cube— no constituye en sí un delito bajo las leyes británicas, enfatizó que su utilización procesal era inaceptable, por lo que decidió que el caso no podía resolverse mediante esa vía acelerada. En consecuencia, rechazó que esa evidencia encubierta se utilice para dictar una resolución sin juicio completo.
La intervención del juez británico representa un golpe significativo a la estrategia legal de Salinas Pliego, quien enfrenta múltiples litigios tanto en México como en el extranjero. Este episodio expone el uso de tácticas corporativas agresivas y métodos de inteligencia para tratar de influir en procesos judiciales, prácticas que el magistrado calificó como contrarias a los principios de equidad que deben regir los tribunales. La decisión subraya, además, los límites éticos y legales del uso de espionaje privado en disputas comerciales internacionales, incluso cuando no existe un delito penal directo.
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