Avalan diputados en Comisiones dictamen de reforma de la Ley Federal del Derecho de Autor

La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados aprobó este 29 de septiembre, con 18 votos a favor y 6 en contra, el dictamen que reforma la Ley Federal del Derecho de Autor en materia de responsabilidad de los proveedores de servicios de internet.

El dictamen fue turnado al Pleno de la Cámara Baja, donde deberá ser discutido en la sesión ordinaria de la próxima semana y, en su caso, aprobado antes de continuar con el proceso legislativo. 

La propuesta, enviada al Congreso de la Unión por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 29 de mayo, busca establecer una responsabilidad secundaria para los proveedores de servicios de internet cuando sus usuarios incurran en infracciones relacionadas con derechos de autor y derechos conexos.

El dictamen plantea modificar el artículo 114 Octies y adicionar los artículos 114 Nonies y 232 Septies de la Ley Federal del Derecho de Autor, así como adicionar el artículo 403 Bis en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

¿Qué cambiaría con esta reforma?

El dictamen de reforma plantea que los proveedores de servicios de internet, como las empresas que ofrecen conexiones a la red, tengan una responsabilidad secundaria cuando sus servicios sean utilizados por terceros para cometer infracciones relacionadas con derechos de autor o propiedad industrial.

Esto significa que los proveedores no serían responsables automáticamente por todo el contenido que circula a través de sus redes. La propuesta establece condiciones específicas para que puedan tener responsabilidad cuando tengan conocimiento de una posible infracción y no actúen conforme a los procedimientos establecidos en la ley.

El dictamen también propone establecer un mecanismo para que los titulares de derechos puedan notificar a los proveedores cuando consideren que una obra, contenido o material protegido está siendo utilizado de manera ilegal. A partir de esa notificación, se establecerían obligaciones para atender el caso y, cuando corresponda, limitar el acceso al contenido señalado.

Además, se contemplan modificaciones para fortalecer la protección de obras y otros contenidos protegidos por derechos de autor y propiedad industrial en el entorno digital, ante el crecimiento de plataformas, redes sociales y otros servicios de internet.

La reforma también contempla sanciones para determinadas conductas relacionadas con el uso de identidad gráfica oficial. El dictamen establece una pena de uno a cinco años de prisión y una multa de mil a diez mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales de una institución pública, con la intención de inducir a error o engaño y cometer un ilícito.

Es importante aclarar que esta disposición no establece una pena por publicar un meme, una caricatura o una sátira de un político o del gobierno. El supuesto que se busca sancionar es el uso comercial de elementos oficiales para hacer creer a una o más personas que una comunicación, documento, plataforma o servicio tiene un origen oficial cuando en realidad no lo tiene. 

La propuesta todavía debe ser discutida y, en su caso, aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados, por lo que su contenido podría modificarse durante el proceso legislativo.