
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que el martes 23 de septiembre se llevó a cabo una reunión con el equipo directivo de Greenpeace México, en la que se abordaron las preocupaciones de la organización ambientalista sobre los impactos ambientales en la Selva Maya y la necesidad de una mejor gestión del territorio en la península de Yucatán.
En el encuentro, servidores públicos de Semarnat expusieron que se está llevando a cabo la actualización del ordenamiento territorial en Tulum y se tienen avances importantes con los ordenamientos de Bacalar, Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos.
Destacaron la importancia de trabajar de manera coordinada con los estados para la identificación de los asentamientos irregulares y compartieron que se ha incrementado el nivel de escrutinio de las autorizaciones en materia de impacto ambiental con un enfoque preventivo.
En relación con la vida silvestre, Semarnat informó sobre un proyecto con el Fondo Mundial para el Medio Ambiente que está en vías de implementarse y busca la coexistencia de tres especies animales emblemáticas en México, en particular del jaguar en la península de Yucatán.

Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) señaló que mantiene un trabajo permanente de inspección y vigilancia en la Península de Yucatán, entre sus resultados destacan:
De igual forma, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) mencionó que hay 39 Áreas Naturales Protegidas (ANP) en la península de Yucatán, a las que se les da seguimiento y monitoreo constante.
Además, como parte de los esfuerzos a largo plazo, se destacó que en agosto se firmó un acuerdo histórico entre México, Guatemala y Belice para la creación del Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya (CBGSM), el cual busca proteger 5.7 millones de hectáreas en beneficio de más de 7,000 especies, 200 catalogadas en riesgo, 50 prioritarias y 250 endémicas de México.

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) subrayó la labor de vigilancia comunitaria que se realiza en la zona, así como los diagnósticos sobre el uso de plaguicidas y organismos genéticamente modificados que se están elaborando.
Por su parte, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) informó que se han otorgado financiamientos para el manejo forestal en Campeche y Quintana Roo, y que actualmente se trabaja con municipios de la región en estrategias de manejo del fuego.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció que reforzará el monitoreo de la calidad del agua, particularmente por los impactos de las granjas porcícolas.
En respuesta, Greenpeace reconoció la apertura institucional y propuso la creación de mesas temáticas de trabajo donde participen autoridades de los tres niveles de gobierno, la academia, comunidades locales y organizaciones sociales, no sólo como actores consultados, sino como agentes activos en el diseño e implementación de soluciones.
Se prevé una segunda reunión durante la primera semana de noviembre para consolidar acuerdos concretos. El sector ambiental del Gobierno de México reafirmó su compromiso con la conservación de la Selva Maya y reiteró su plena disposición al diálogo con comunidades y organizaciones sociales.