La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró como inconstitucional el contrato firmado con la minera canadiense, First Quantum Minerals, para la concesión de 20 años más de explotación de la mina de cobre que levantó protestas masivas en el país.
El 28 de noviembre del 2023, después de 4 días de debate y tras un mes de protestas que cerraron calles principales en la capital, el Congreso integrado por 9 magistrados emitió el dictamen del caso.
"Los magistrados y magistradas que integramos el Pleno hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la Ley 406 del 20 de octubre de 2023. Lo anterior significa que la referida ley queda expulsada del sistema normativo que rige en el país", declaró la magistrada María Eugenia López Arias.
Cabe mencionar que la Ley 406, aprobada el 20 de octubre del mismo año, detalla los términos de la explotación de la mina de cobre por 20 años prorrogables a 20 años más, y con este fallo, de ser aprobado por el Senado, el contrato dejaría de tener validez.
Como respuesta a las acciones del Gobierno panameño, la empresa canadiense ya declaró que impondrá 2 demandas ante el Centro internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), amparándose en el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá.
La mina de cobre, la cual cuenta con 12 mil 955 hectáreas, está ubicada al norte de Panamá en la provincia caribeña de Colón, además es considerada como la mina de cobre al aire libre más grande de Centroamérica y aporta más del 4% del PIB nacional al país.
Los ambientalistas están en contra de la explotación minera desde el inicio de sus operaciones en 1997, ya que el impacto que tiene a los bosques, agua y ecosistema es muy grave, debido a que se encuentra en el Corredor Bilógico Mesoamericano, lugar considerado de alta biodiversidad regional.
Asimismo, al norte de la mina se encuentra el área protegida de Donoso, la cual alberga a 650 especies endémicas de flora y fauna que se ve amenazada por las operaciones de la minera.
El ambientalista Rodrigo Noriega declaró su aprobación a la decisión de la Corte Suprema de Panamá.
“Este es un triunfo para los panameños y panameñas, consolida a la Corte Suprema como una guardiana de la constitucionalidad del país”, declaró el ambientalista.
Asimismo, Martha Cornejo, abogada que impuso una de las demandas al contrato comentó que “necesitamos gobernantes que trabajen por Panamá, no necesitamos gobernantes que velen por intereses económicos de las transnacionales […] Que quede bien claro el mensaje: en Panamá no puede haber desarrollo económico sostenible sino se protege el medio ambiente”, declaró a un noticiero local.