Colombia, la Equal Rights Coalition y lxs LGBTs de derecha

La decisión del gobierno colombiano de retirar al país de la Equal Rights Coalition (ERC, por sus siglas en inglés) es un mensaje que constituye un grave retroceso en la política exterior y en la garantía de los derechos LGBTIQ+ en el país sudamericano. El argumento oficial es que la participación "no era prioritaria". El viceministro de Relaciones Exteriores, Pedro Agustín Roa, lo dijo sin ambages: "Se identificó que la participación en este mecanismo no era prioritaria". Pero conviene preguntarse: ¿prioritaria para quién? Porque para las 31 personas LGBTIQ+ asesinadas en Colombia entre enero y agosto de 2026, según cifras de la Fiscalía en aquel país, la existencia de un espacio internacional que documenta, denuncia y coordina respuestas a la violencia sistemática no es un lujo diplomático, sino una herramienta de supervivencia.

Y este acto violento debemos dimensionarlo en el escenario político internacional. No es casualidad que este retroceso ocurra bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella y tiene que decirse que Trump lo respaldó personalmente durante su campaña, y él ha devuelto el favor con creces, manifestando que va a formar una asociación con el gobierno de Washington y con el presidente Trump como nunca antes Colombia la ha tenido con ninguna otra administración. Se suma a ese club de ultraderecha que preside el republicano, junto a Bukele y Milei, un bloque que no oculta su desprecio por los derechos de las minorías sexuales y de género.

Durante la campaña, De la Espriella se manifestó abiertamente contra la adopción por parejas del mismo sexo, una postura que organizaciones LGBTIQ+ señalaron como motivo de preocupación ante el rumbo de las políticas de igualdad. La salida de la ERC es la confirmación de que esa preocupación era fundada. El senador de oposición Iván Cepeda lo expresó con claridad, cuando dijo que con esta decisión, el gobierno "renuncia a seguir promoviendo esfuerzos internacionales para la protección de los derechos humanos y de las libertades, sin distinción alguna". Y añadió que la excusa de la Cancillería, que Colombia ya cuenta con un marco normativo robusto, "desconoce que los crímenes contra esta población siguen aumentando, mientras sus propios aliados promueven discursos de odio y discriminación". La defensora del Pueblo, Iris Marín, fue igualmente contundente al pedir a la Cancillería que aclare que esta decisión "no representa una posición ideológica con la que tome distancia de su deber constitucional de proteger integralmente los derechos de uno de los grupos sociales más marginados y que mayor violencia sufren".

Y mientras en Colombia la derecha desmonta décadas de trabajo diplomático en derechos humanos, en México hay personas LGBTI+ que siguen apostando por las derechas, promoviendo y votando por el PRIAN y sus agendas aporofóbicas, que no se basan en diferencias de opinión ni de críticas legítimas a Morena, sino de algo más profundo, que es la complicidad con un proyecto que, históricamente, ha sido un freno para los derechos de las poblaciones LGBTI+ y otros grupos prioritarios, como las mujeres, jóvenes, migrantes, personas mayores, indígenas y otros.

El clima político actual no es una exageración retórica. Es una descripción de la realidad. Jorge Romero, presidente del PAN y Alito Moreno, el del PRI, celebraron la elección de Espriella, pero Romero fue aún más lejos, destacando la sintonía de agendas entre las fuerzas conservadoras de ambos países y el avance de la derecha continental. Y en cuanto a Movimiento Ciudadano, la situación no es nada alentadora, pues mientras se disfrazan de incluyentes y vanguardistas, sólo basta ver qué hacen donde gobiernan. El claro ejemplo es Jalisco, donde el gobernador naranja eliminó los derechos de las personas trans y de las familias lesbomaternales, por sólo mostrar un ejemplo.

Sería un error, sin embargo, caer en la trampa de la defensa acrítica. La crítica a Morena y a sus figuras es válida, necesaria y urgente. Y quienes la ignoran o la silencian le hacen un flaco favor a la propia causa.

En junio de 2026, en pleno Mes del Orgullo, la diputada local de Morena en Chiapas, María Isabel Rodríguez Jiménez, pronunció un discurso calificado como discriminatorio desde la tribuna del Congreso estatal. Sus declaraciones provocaron indignación y el rechazo de colectivos de la diversidad sexual, y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos abrió un expediente de queja en su contra. En Puebla, la mayoría legislativa de Morena en el Congreso ha dado largas a la reforma sobre infancias trans porque teme un costo electoral en 2027. Estos hechos no pueden ser ignorados, porque las lgbtfobias no terminan por decreto, y la agenda de derechos no puede ser rehén de cálculos electorales. Quien critique a Morena por estas contradicciones tiene razón. Quien exija coherencia y no solo discurso tiene razón, pero una cosa es criticar a Morena por la tibieza de algunos cuadros y sus cálculos, sus traiciones, y otra muy distinta es usar esa crítica como fachada para blanquear lo que en el fondo es desprecio por todo lo que representa morena, más allá de la posición política de izquierda y ese es el juego que no podemos permitir.

Porque cuando alguien dice "Morena es igual o peor que el PRIAN", y usa esa frase para justificar su apoyo a la derecha, no está haciendo un análisis político, sino que está encubriendo una postura de clase. Está diciendo, con otras palabras, que prefiere a quienes nunca han legislado a favor de la diversidad antes que a quienes lo hacen, a veces tarde, a veces a regañadientes.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que el clasismo y el racismo son el verdadero rostro de la derecha y no se equivoca, porque cuando una persona LGBTIQ+ decide votar por el PRIAN, no está votando por un proyecto que le reconoce, sino que le da su voto a un proyecto que, en el mejor de los casos, la ignora y, en el peor, la usa como moneda de cambio para capitalizar el odio, el rechazo y la discriminación para consolidar una masa electorera.

Es por ello que las personas LGBTIQ+ no podemos permitirnos el lujo de ser serviles a quienes buscan nuestro retroceso. No podemos ser los primeros en pedir derechos y los últimos en reconocer quiénes son nuestros aliados reales. No podemos confundir la crítica legítima con la traición disfrazada de análisis. La salida de Colombia de la ERC es un campanazo de alerta. La derecha, personificada en figuras como De la Espriella, no es una opción para los derechos LGBTIQ+. Es una amenaza directa y quienes, desde dentro de nuestras poblaciones, deciden apoyarla, están financiando nuestro propio retroceso.

Es hora de elevar el costo político de esa decisión, no con insultos, sino con datos; no con exclusión, sino con memoria, recordando quiénes han votado a favor y quiénes en contra, quiénes han abierto las puertas y quiénes las han cerrado; en síntesis, quiénes nos defienden, con sus bemoles, y quiénes nos venden al mejor postor. Los derechos no se negocian, se defienden. Y defenderlos implica, a veces, señalar con nombre y apellido a quienes, desde dentro, trabajan para quienes quieren borrarnos.