La oposición a la reforma constitucional sobre el Poder Judicial de la Federación comienza a tomar, ahora sí, fuerza (bueno, fuercita) obligada por parte de los empleados del poder judicial federal, por parte de los trabajadores de ese poder.
Cuando no eres afectado por una reforma constitucional, cuando no afecta a la sociedad, cuando no afecta al Pueblo de México y aún así realizas actos de protesta, es evidente que hay mano negra en esa protesta, pues lo que no suena lógico, suena metálico.
Si la reforma constitucional propuesta no afecta ningún derecho sobre los trabajadores y empleados del poder Judicial y sólo a los Ministros, que dejarán de ganar setecientos mil pesos mensuales; la desaparición de sobre sueldos de ministros, magistrados y jueces; la desaparición de fideicomisos que sólo benefician a los Ministros; la desaparición de pensiones vitalicias millonarias; y ellos, los afectados directamente no se manifiestan, sino sus empleados, quiere decir que hasta en eso utilizan a los subordinados para hacerles el trabajo.
Ya basta de utilizar a sus subordinados para hacer creer al pueblo, que se afectará a los empleados, pues en ninguna de las reformas propuestas se habla, es más ni se nombran a los empleados del poder judicial de la Federación, solo se habla de jueces, magistrados y ministros, los que serán electos democráticamente.
Es evidente que la oligarquía corrupta, sigue utilizando los puestos públicos para obligar a los empelados ha realizar actos que van en contra del pueblo, sí del pueblo, puesto que el paro que han iniciado, no le afecta al Poder Ejecutivo ni al Poder Legislativo, sino a la ciudadanía, al Pueblo que espera se dicte una sentencia, una suspensión, un amparo que los proteja.
Es así que, en realidad, hoy por hoy los empleados del Poder Judicial, son obligados a violentar los derechos de los ciudadanos, obligados a ser el instrumento de venganza de la oligarquía corrupta en contra del Pueblo de México que votó por tener una reforma al Poder Judicial.
Queda claro que no es una afrenta al presidente Andrés Manuel López Obrador, sino una factura cobrada al Pueblo, y con ello, pretender demostrar que ellos tienen el control y el poder de afectar a la ciudadanía.
También son sabedores de que, de materializarse esa reforma, está cerca el momento perder sus privilegios, a sus amigos que les ayudan a violar la ley, a quebrantar la constitución y a abusar del poder en contra del bienestar y el progreso del Pueblo de México.
El brazo económico de la oligarquía corrupta determina ayer solicitar al Instituto Nacional Electoral, que, al realizar la asignación, (que no el reparto) de los diputados Federales por el Principio de Representación Proporcional, lo haga con un criterio o interpretación “sensata”, es decir, exigen al INE violentar la constitución, dejarla de lado, y que sean sensatos, que piensen reglar diputados a la oposición, sin importar que violen la Constitución.
Esos empresarios, hoy se asumen como parte de una oposición, corrupta, violadora al orden constitucional, a la legalidad, a la voluntad popular; una oposición que se quita la máscara y demuestra lo que son, una banda de rufianes que pretenden mantener sus privilegios, pues es claro que la reforma constitucional al poder judicial no le afecta en nada a ellos de forma directa, pues solo se les afectaría si ellos no cumplen con la ley, pero al salir a la luz pública a defender a la oposición corrupta y derrotada, queda claro que hay dinero de por medio, y miedo como base de su petición, el perder sus privilegios, privilegios que el Poder Judicial de la Federación les garantiza mantener.
Es por ello, que la Reforma Constitucional deberá ser aún más profunda, pues si acaso se pretendió ser cauto para evitar alguna fricción, pues se equivocan, ellos nunca verán una actitud de inclusión y de acuerdo, como forma democrática, sino como una debilidad y una falta de capacidad, por no decir que ven en ello torpeza.
La asignación de los Legisladores por Representación Proporcional deberá estar apegada a derecho, a la Constitución y respetar la voluntad del Pueblo que eligió por parte de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista (tres partidos) a más del setenta por ciento de los diputados federales de mayoría relativa y esa es la proporción que deberá tener en el total de la Cámara de Diputados Federal, más del 70% del total de los 500 diputados que lo integran.
El Pueblo de México votó y se debe respetar su voluntad, su decisión, respetando y aplicando de forma irrestricta lo que mandata la Constitución y las leyes electorales.