Aprueban Comisiones de Justicia, Estudios Legislativos y Hacienda iniciativa de reforma a la Ley de Amparo

En reunión extraordinaria este 1 de octubre, las Comisiones Unidas de Justicia, Estudios Legislativos y Hacienda aprobaron la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum (@claudiashein). La iniciativa pasará a la Mesa Directiva del @senadomexicano para su votación y discusión en el pleno.

• Comisión de Justicia: 12 a favor, 4 en contra, 0 abstenciones.
• Comisión de Estudios Legislativos: 12 a favor, 5 en contra, 0 abstenciones.
• Comisión de Hacienda: 8 a favor, 3 en contra, 0 abstenciones.

La reforma a la Ley de Amparo, que envió al Senado el pasado 15 de septiembre la presidenta Claudia Sheinbaum para su revisión, busca garantizar el derecho de la ciudadanía al amparo frente a actos de la autoridad y lograr una justicia más expedita, con la modificación de diversas disposiciones de la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

“(Con esta ley) Se garantiza eh el derecho que tenemos como ciudadanos al amparo frente a actos de autoridad, sobre todo se disminuyen tiempos y características cuando hay una sentencia firme de la corte, […] para hacer de la aplicación de la ley de nuestro sistema judicial sea más expedito, que no tengan que pasar 20 años para resolver un caso”, explicó la presidenta.

Cabe señalar que la iniciativa de ley busca reformar diversas disposiciones de la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Los principales objetivos serían:

• Asegurar una justicia expedita y eficiente: agilizar el proceso de amparo, reduciendo la dilación y los plazos innecesarios.
• Fortalecer la figura del amparo: consolidar el amparo como un recurso eficaz para la defensa de los derechos humanos y como un medio de control legal y constitucional 
• Combatir el lavado de dinero: fortalecer la capacidad del Estado para investigar y detener el flujo de recursos ilícitos, y evitar que las suspensiones de amparo sean utilizadas para desbloquear cuentas bancarias asociadas a actividades delictivas. 
• Garantizar la recaudación fiscal: impedir que los contribuyentes utilicen recursos legales para evadir o retrasar el pago de créditos fiscales ya confirmados por resoluciones de la autoridad. 
• Transitar hacia un juicio de amparo digital: modernizar el proceso para que sea más accesible, ágil y transparente a través de medios electrónicos.
   

Modificaciones a la Ley de Amparo

Respecto a las modificaciones de ley, la iniciativa propone cambios significativos en varios artículos:

• Interés legítimo: definir de manera más clara y precisa los elementos del interés legítimo para que sea más fácil para las personas acceder al juicio de amparo en la defensa de intereses colectivos.
• Suspensión del acto reclamado: establecer nuevas causales de improcedencia de la suspensión, especialmente en casos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y deuda pública, para evitar que el amparo obstaculice las funciones del Estado en estas materias. 
• Juicio de amparo digital: establecimiento de la opción de presentar promociones de amparo de forma electrónica y se promueve el uso de la Firma Electrónica. También se obliga a las autoridades a generar un usuario en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.
• Plazos y sanciones: se proponen plazos específicos para diversos actos procesales que no estaban regulados, con el fin de agilizar los juicios. También se sancionará a las partes que promuevan la recusación con fines dilatorios.
• Cumplimiento de sentencias: los jueces deberán analizar el marco jurídico para vincular a las autoridades responsables. A su vez, las autoridades no serán penalmente responsables si demuestran una imposibilidad jurídica o material para cumplir con una sentencia.
   

Código Fiscal de la Federación y Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Se propone la improcedencia de los recursos de revocación y juicios contenciosos administrativos contra el cobro de créditos fiscales que ya han sido determinados y han quedado firmes. 
Se evitará que estos recursos se utilicen para retrasar el pago de impuestos, lo cual afecta el financiamiento de los servicios públicos.