El estado de Illinois y la ciudad de Chicago presentaron este 6 de octubre una demanda federal contra la administración del presidente Donald Trump para detener el despliegue de hasta 700 efectivos de la Guardia Nacional en la ciudad, previsto para el 7 y 8 de octubre.
La acción legal, encabezada por el fiscal general Kwame Raoul, busca declarar inconstitucional la federalización de tropas ordenada por Trump, al considerar que vulnera las Cláusulas de Milicia de la Constitución de Estados Unidos, la Ley Posse Comitatus, que prohíbe el uso de fuerzas militares en labores policiales domésticas, y la Ley de Procedimientos Administrativos.
Según la demanda presentada ante el Tribunal de Distrito del Norte de Illinois, “no existe una invasión ni una rebelión” que justifique la intervención militar, calificando la medida como “un abuso de poder político” contra gobiernos locales de liderazgo demócrata.
El conflicto escaló después de que, el 4 de octubre, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dispararan contra una mujer durante un operativo en el suroeste de Chicago, lo que provocó protestas y tensiones. En respuesta, Trump federalizó 300 efectivos de la Guardia Nacional de Illinois, sin el consentimiento del gobernador JB Pritzker, y sumó 400 más provenientes de Texas, enviados por el gobernador Greg Abbott.
“El pueblo estadounidense no debería vivir bajo la amenaza de ocupación militar solo porque su liderazgo local ha caído en desgracia ante el presidente”, señala el documento judicial.
El gobernador Pritzker calificó la acción como “la invasión de Trump” y advirtió que pone a Chicago “en peligro”. El alcalde Brandon Johnson, por su parte, firmó una orden ejecutiva que declara “zonas libres de ICE” en propiedades municipales, reforzando la resistencia local.
Aunque la jueza federal April Perry rechazó emitir una orden de restricción temporal, programó una audiencia para el 9 de octubre, donde se decidirá si se frena o no el despliegue. Este caso se suma a otras demandas interpuestas por estados como California, Oregon y Washington D.C., donde tribunales federales han bloqueado parcialmente intervenciones militares similares.