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6 min La Comisión Regulatoria de Telecomunicaciones (CRT), órgano que suplirá al Instituto Federal de Telecomunicaciones, entró en funciones el pasado 17 de octubre.
Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum nombrara a Norma Solano Rodríguez como comisionada presidenta del órgano, y de que el 14 de octubre, con 74 votos a favor y 33 en contra, el Senado de ratificara los nombramientos de los cinco integrantes de la CRT, se integró el Pleno de este nuevo órgano regulador.
Con ello, también entró en vigor la Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión publicada el 16 de julio de 2025 y se abroga la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014.
“Con la creación de la CRT, se revitaliza la regulación y la aplicación normativa para impulsar la conectividad, la inclusión y las inversiones en beneficio de las y los mexicanos”, afirmó la Comisión en su primer anuncio público en redes sociales.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones es un órgano desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital que busca garantizar el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión en el país, esto mediante “la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, y los servicios espaciales” así como de “a promoción del acceso a las tecnologías de la Información y comunicación y a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, la promoción de la inversión en los sectores de las telecomunicaciones y la radiodifusión y la revitalización de la política regulatoria del sector”.
Estará integrado por las comisionadas Norma Solano Rodríguez, María de las Mercedes Olivares Tresgallo, Tania Villa Trápala, Ledénika Mackensie Méndez González y el comisionado Adán Salazar Garibay.
A cuatro días desde las elecciones presidenciales en Honduras, continúa el conteo de votos en medio de una cerrada contienda entre Nasry “Tito” Asfura y Salvador Nasralla, quien argumenta fraude.
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La SEGOB aseguró que no existe razón para los bloqueos de productores agrícolas en la Frontera Norte, pues fueron tomados en cuenta sus planteamientos respecto de la Ley de Aguas Nacionales.
La entidad homologa así su normativa con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y con los estándares internacionales en derechos humanos.