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6 min Efraín Morales López, titular de la Comisión Nacional del Agua, informó este 1° de octubre que en los próximos días el Gobierno Federal presentará una propuesta de Decreto para expedir la Ley General de Aguas, así como de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, con lo que se busca garantizar el derecho humano al agua y fortalecer la autoridad del Estado Mexicano sobre las aguas nacionales.
Durante la Mañanera del Pueblo, el titular indicó que el primer instrumento, la Ley General de Aguas, es reglamentaria del Artículo 4° Constitucional y tiene como principal objetivo establecer las bases para garantizar el derecho al agua y al saneamiento.
Explicó que mediante esta Ley se regulará la relación del derecho humano al agua con otros derechos; se definirán los planes, programas y estrategias que contengan las acciones y medidas para garantizarlo; se definirán las competencias de los 3 niveles de gobierno y se reconocerán los sistemas comunitarios de agua para uso personal y doméstico sin fines de lucro y se preverá la existencia de sistemas comunitarios de agua.
En cuanto a la iniciativa para reformar la Ley de Aguas Nacionales, reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución, Efraín Morales señaló que incorporará un “profundo cambio de visión” pues el agua dejaría de verse como una mercancía y se reconocería como un bien estratégico de la nación.
Además, dotará de mayores instrumentos a autoridad nacional sobre el agua mediante el establecimiento de normativas para el ordenamiento de las concesiones, para combatir el uso indebido del agua, para combatir su robo y el mercado negro y para evitar el acaparamiento.
Al mismo tiempo, se creará el Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, se promoverá la planeación hídrica a corto, mediano y largo plazo y fomentaría el uso eficiente del agua.
Al respecto, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, destacó que “defender el derecho al agua en todas sus formas es defender la vida, la soberanía y la justicia social” y afirmó que con este proyecto de Decreto se busca establecer un marco normativo que garantice el uso sustentable y justo del agua, acompañado de políticas públicas incluyentes e integrales que eviten que se beneficie a unos pocos a costa de la mayoría, todo ello en el marco de los estándares internacionales y convencionales en la materia.
Finalmente, detalló que desde diciembre de 2024 el Gobierno Federal ha mantenido el diálogo con gobiernos de los 32 estados, municipios, demarcaciones territoriales y representantes académicos, personas expertas y organizaciones sociales y civiles para la elaboración de estas procesas, lo que se complementó con las opiniones y propuestas recogidas en los foros de discusión realizados entre febrero y marzo en las 13 regiones hidrológicas del país.
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La entidad homologa así su normativa con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y con los estándares internacionales en derechos humanos.