Quién fue Rubén Figueroa Figueroa, exgobernador y pieza clave en la Guerra Sucia en Guerrero

Rubén Figueroa Figueroa, exgobernador de Guerrero, fue homenajeado públicamente en el municipio de Huitzuco, del cual es originario, en conmemoración por el 117 aniversario de su natalicio. Este acto institucional generó una ola de indignación debido al papel que fungió en el periodo conocido como “Guerra Sucia”. 

Rubén Figueroa nació el 9 de noviembre de 1908 y tras fungir como diputado al Congreso de la Unión por el Distrito 2 de Guerrero de 1964 a 1967 y senador de 1970 a 1974, alcanzó la gubernatura del estado por parte del Partido Revolucionario Institucional, cargo que ejerció entre 1975 y 1981. 

Durante su gestión y en los años posteriores, se ha señalado que su gobierno participó de forma activa o permisiva en procesos de represión política en Guerrero, parte de lo que se conoce como la “guerra sucia”.

El término “guerra sucia” se usa para describir un conjunto de acciones de seguridad del Estado y fuerzas de represión que operaron contra movimientos sociales, guerrillas, normalistas, opositores y comunidades campesinas en México, particularmente entre las décadas de 1960 y 1980. En Guerrero, este fenómeno fue especialmente cruento.  

Bajo la gobernatura de Figueroa y en su entorno político, se han documentado una serie de hechos graves: desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y masivas, desplazamiento forzado de comunidades campesinas y uso de fuerzas militares y policiales para contener y reprimir el descontento social. Por ejemplo, en la sierra de Atoyac se señala que comunidades como Los Piloncillos y Río Chiquito fueron víctimas de masacres donde “todos los hombres mayores de 18 años” fueron eliminados.  

En este contexto, se le atribuye a Figueroa el nombramiento de mandos policiales que serían operativos clave de esa represión estatal, como el mayor Arturo Acosta Chaparro, designado como jefe de la Policía Judicial estatal el 29 de octubre de 1976.

Acosta Chaparro, junto con el general Mario Arturo Acosta Chaparro Escápite, fue señalado en múltiples informes de dirigir grupos de exterminio y vuelos de la muerte, en los que prisioneros eran arrojados al mar desde helicópteros del Ejército.

Uno de los episodios más graves de represión en Guerrero fue la ofensiva militar y policial en la región de Atoyac de Álvarez, en la Sierra de la Costa Grande. Este operativo formó parte del esfuerzo del Estado mexicano por eliminar los movimientos guerrilleros encabezados por Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas, así como para disuadir cualquier intento de reorganización de campesinos o estudiantes simpatizantes. 
Tras el secuestro de Rubén Figueroa en 1974 por parte del Partido de los Pobres, liderado por Cabañas, el gobierno federal y estatal emprendieron una respuesta militar sin precedentes en la historia moderna de Guerrero. Aunque Cabañas murió en combate en diciembre de ese mismo año, los operativos no se detuvieron. 
Cuando Figueroa asumió la gubernatura, consolidó una estrategia de “pacificación” basada en la militarización de la sierra y el control total de las comunidades rurales consideradas simpatizantes de la guerrilla.

Entre 1975 y 1978, miles de soldados, policías judiciales y elementos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) ocuparon los municipios de Atoyac, Coyuca de Benítez, Tecpan de Galeana, San Luis Acatlán y zonas serranas cercanas. De acuerdo con testimonios recabados por la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero (Comverdad) y organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, las acciones incluyeron: desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento forzado.  

Los testimonios indican que, aunque las operaciones eran coordinadas con el Ejército mexicano y la DFS, el gobierno estatal de Figueroa Figueroa tenía conocimiento y participación directa.  

En 2012, la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero concluyó que el gobierno de Rubén Figueroa Figueroa fue responsable político y administrativo de graves violaciones a derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas, ejecuciones y tortura sistemática.

A pesar de ello, nunca se abrieron procesos judiciales en su contra ni en contra de los principales mandos de su administración. Los sobrevivientes y familiares de las víctimas siguen exigiendo justicia y la apertura de archivos militares y estatales.