Anuncia Capgemini venta de filial que colaboraba con ICE tras polémica por contrato migratorio con EE.UU.

La multinacional francesa de tecnología Capgemini anunció la venta de su filial estadounidense Capgemini Government Solutions (CGS), luego de la controversia generada por un contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, organismo clave en la ofensiva migratoria del gobierno del presidente Donald Trump.

En un comunicado, la empresa informó que el proceso de desinversión de CGS iniciará de inmediato. La filial representa 0.4 por ciento de los ingresos estimados del grupo en 2025 y menos del 2% de su facturación en Estados Unidos.

Capgemini explicó que las restricciones legales impuestas por el gobierno federal estadounidense para trabajar con agencias que realizan actividades clasificadas impidieron al grupo ejercer un control adecuado sobre ciertos aspectos operativos de la subsidiaria, lo que dificultó garantizar su alineación con los objetivos y principios corporativos del grupo.

La decisión fue tomada durante una reunión de emergencia de la junta directiva, luego de que investigaciones periodísticas revelaran el alcance del contrato firmado por CGS con el ICE en diciembre pasado.

La polémica escaló después de que el ministro de Finanzas de Francia, Roland Lescure, exigiera a la empresa total transparencia sobre sus vínculos con el ICE y cuestionara la naturaleza de sus actividades.

“Insto a Capgemini a arrojar luz, de manera extremadamente transparente, sobre sus actividades (…) y sin duda a cuestionar la naturaleza de estas”, declaró el funcionario.

Por su parte, el director ejecutivo de Capgemini, Aiman Ezzat, reconoció en un mensaje publicado en LinkedIn que el grupo tuvo conocimiento reciente del contrato adjudicado a CGS y admitió que su contenido planteó interrogantes sobre el tipo de actividades que la empresa suele realizar.

“La naturaleza y el alcance de este trabajo han planteado preguntas sobre lo que típicamente hacemos como empresa de negocios y tecnología”, afirmó, al tiempo que señaló que la junta directiva independiente de CGS inició una revisión del contrato y de sus procedimientos de contratación.

El contrato entre Capgemini y el ICE fue revelado inicialmente por el medio francés L’Observatoire des multinationales. De acuerdo con la investigación, CGS proporcionaba servicios tecnológicos de rastreo y localización de personas, utilizados por el ICE para verificar domicilios particulares y laborales, como parte de operativos de deportación.

El acuerdo marco tenía un límite superior a 365 millones de dólares, de los cuales 4.8 millones ya habían sido comprometidos. Los servicios incluían el cruce de bases de datos gubernamentales, registros públicos, información comercial, datos telefónicos y de redes sociales, e incluso observación física, para confirmar la ubicación de personas bajo investigación migratoria.

Una convocatoria gubernamental citada por la revista estadounidense Wired detalló además un sistema de incentivos económicos por alto rendimiento, con miles de casos asignados simultáneamente a las empresas contratistas.

Capgemini, que emplea a más de 340 mil personas en más de 50 países, enfrenta así uno de los mayores cuestionamientos reputacionales de los últimos años, en un contexto internacional marcado por el debate sobre el uso de tecnologías de vigilancia, la protección de datos personales y las políticas migratorias restrictivas en Estados Unidos.