En los últimos años, los discursos antimigratorios de ultraderecha han ganado terreno en diversas partes del mundo, alimentados por narrativas de miedo, identidad y exclusión. Un reciente incidente en el norte de Irlanda, donde se quemaron figuras que representaban a personas migrantes durante las celebraciones del 12 de julio, ha puesto de manifiesto la intensificación de estas retóricas xenófobas. Este acto, enmarcado en las tradicionales hogueras del Día de la Batalla del Boyne, simboliza no solo un gesto de odio, sino también un reflejo de un fenómeno global que se extiende por Europa.
Todo comenzó en Belfast y otras localidades de Irlanda del Norte, donde la quema de efigies que representan a migrantes durante las celebraciones del 12 de julio ha generado indignación y preocupación. Estas hogueras, tradicionalmente asociadas con la conmemoración de la victoria protestante en 1690, han sido cooptadas por sectores de ultraderecha para enviar un mensaje antimigratorio. Este acto no es aislado, sino parte de una tendencia global donde los radicalismos explotan el descontento social para criminalizar a los migrantes.
En España por ejemplo, el partido conservador “Vox”, liderado por Santiago Abascal, ha endurecido su discurso antimigratorio, adoptando conceptos como la “reemigración” (deportación masiva) inspirados en la ultraderecha alemana. En julio de 2025, la portavoz Rocío de Meer propuso expulsar a entre 7 y 8 millones de personas, incluyendo a migrantes regularizados y sus hijos nacidos en España, argumentando la necesidad de “preservar la identidad española”. Según el Instituto Nacional de Estadística de ese país, España tiene 49,1 millones de habitantes, de los cuales 6,9 millones (14,1%) son extranjeros, y 9,4 millones nacieron fuera del país. Vox vincula sin pruebas la migración con el aumento de la delincuencia, utilizando casos como la violación en Alcalá de Henares para justificar su agenda. Este discurso, que resucita la teoría del “gran reemplazo” de la ultraderecha francesa, ha sido criticado por su falta de base científica y por normalizar la xenofobia en el debate público.
Hungría, bajo el liderazgo de Viktor Orbán y su partido Fidesz, es un referente para la ultraderecha europea. Desde la crisis migratoria de 2015, Orbán ha promovido un discurso nacionalista que presenta a los migrantes, especialmente musulmanes, como una amenaza a la identidad húngara y europea. En 2025, Hungría mantiene una de las políticas migratorias más restrictivas de la UE, con controles fronterizos estrictos y rechazo a los cupos de refugiados. Según Eurostat, la población extranjera en Hungría es solo del 7%, pero el discurso antimigratorio ha asegurado a Fidesz un 47% de apoyo electoral en las últimas elecciones. Orbán ha declarado que “Hungría no cederá al frenesí migratorio”, consolidando su liderazgo en un bloque de países que rechazan el Pacto de Migración y Asilo de la UE.
Otro caso es el de Polonia, donde el partido Ley y Justicia (PiS) ha utilizado un discurso similar, centrado en el rechazo a los migrantes musulmanes y la defensa de una identidad “católica nacionalista”. En 2025, el gobierno polaco propuso una ley temporal para suspender el derecho al asilo, una medida que refleja la creciente hostilidad hacia los migrantes. Con solo un 5% de población extranjera, según Eurostat, el discurso antimigratorio ha sido clave para que PiS mantenga un 41% de apoyo electoral. Este partido también ha promovido referendos para limitar la presencia de refugiados, asociando la inmigración con el terrorismo y la inseguridad, a pesar de la falta de datos que respalden estas afirmaciones. Además, el partido gobernante ha unido a la migración, especialmente musulmana, con supuestas amenazas epidemiológicas y culturales. Figuras como Jarosław Kaczyński y Patryk Jaki han adoptado y difundido retórica islamófoba para movilizar a su base.
En Alemania, Alternativa para Alemania (AfD) ha ganado terreno con su retórica antimigratoria, especialmente tras la crisis de refugiados de 2015. En 2023, el término “remigración” fue acuñado en una reunión secreta en Potsdam, donde neonazis y ultranacionalistas propusieron la expulsión masiva de migrantes, incluso aquellos con ciudadanía alemana, por no estar “suficientemente asimilados”. AfD, que en 2025 es la quinta fuerza en el Bundestag con 79 escaños, ha capitalizado el descontento con la política migratoria de Angela Merkel, asociando a los migrantes con el crimen y la inseguridad. A pesar de que la inmigración legal ha disminuido en Alemania, según el Instituto Federal de Estadística, el discurso de AfD ha permeado incluso a partidos tradicionales, endureciendo las políticas migratorias.
También en Europa, pero ahora en Italia, bajo el gobierno de Giorgia Meloni y su partido conservador “Hermanos de Italia", ha implementado políticas antimigratorias que incluyen la externalización del procesamiento de solicitudes de asilo a Albania. En 2025, Meloni ha liderado un bloque de países que buscan fortalecer las fronteras exteriores de la UE y acelerar las deportaciones. Su coalición, que obtuvo el 44% de los votos en 2022, ha capitalizado la presión migratoria en el Mediterráneo, presentando a los migrantes como una amenaza a la seguridad. Según el Ministerio del Interior italiano, las llegadas de migrantes por mar alcanzaron las 60,000 en 2024, un aumento del 10% respecto al año anterior, lo que ha reforzado el discurso de Meloni sobre la necesidad de “proteger Italia”.
El auge de los discursos antimigratorios no se limita a Europa. En Estados Unidos, la retórica de Donald Trump ha inspirado a partidos europeos, mientras que en América Latina, figuras como Javier Milei en Argentina han adoptado narrativas similares, aunque con menor énfasis en la migración. La narrativa antimigratoria se alimenta de crisis económicas, inseguridades sociales y la percepción de una élite globalista que “traiciona” a la población local. Sin embargo, datos de la OCDE muestran que los migrantes contribuyen significativamente a las economías europeas, cubriendo sectores como la construcción y el cuidado, y ayudando a sostener sistemas de pensiones en países con bajas tasas de natalidad, como Malta (19 por 1,000) o Irlanda (16,3). A pesar de esto, la ultraderecha ha logrado imponer su marco de discusión, simplificando un debate complejo y desplazando argumentos económicos por cuestiones identitarias.