La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió este 10 de julio la iniciativa de reforma constitucional en materia de combate a la extorsión, que presentó en días pasados la presidenta Claudia Sheinbaum.
La iniciativa que recibieron este día las y los legisladores tiene la capacidad de expedir una Ley General contra la Extorsión que permita perseguir de oficio este delito, proteger a las víctimas, además de que el Estado se asuma como víctima.
Cabe recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum firmó, el pasado 8 de julio, una iniciativa de reforma que modificará la Constitución para que el Congreso de la Unión pueda emitir una Ley General Contra la Extorsión, a fin de combatir y perseguir penalmente este delito en todo México.
La mandataria indicó que una de las principales propuestas de la iniciativa es modificar el marco legal para que la persecución del delito ya no dependa de la denuncia de la víctima, lo que actualmente la pone en riesgo y muchas veces no se denuncia por miedo a represalias.
“Hoy quien denuncia la extorsión es la víctima, poniendo en riesgo su vida, le estamos quitando a la víctima ese peso, quien lo asume el Estado mexicano, y el delito se persigue de oficio”, destacó la presidenta.
Recordemos que desde el pasado 6 de julio el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, con la que aseguró que se busca fortalecer la capacidad del Estado para desmantelar redes criminales y proteger a las familias mexicanas.
García Harfuch destacó en dicha ocasión que esta estrategia es posible gracias a la recién aprobada Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia y a la facultad de investigación otorgada por el artículo 21 constitucional.
El secretario dijo que estas herramientas legales permiten robustecer las capacidades del Gobierno federal para investigar y detener a generadores de violencia vinculados a este delito.
En los artículos transitorios de la iniciativa de ley, se otorga al Congreso un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional, para emitir la ley secundaria en esta materia.
Además, se plantea que dicha legislación fortalezca de manera homogeneizada, las concurrencias de atribuciones entre la Federación y las entidades federativas, garantice resultados y proporcione a las autoridades competentes de los tres órdenes de Gobierno, un marco que permita contar con una mayor capacidad de respuesta ante las necesidades actuales en cuanto a la regulación de este delito, así como los daños y las afectaciones a las víctimas.