La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo público el amparo en revisión 570/2024, en el que la Primera Sala resolvió, por mayoría de tres votos, conceder la protección a las personas quejosas y vincular al Poder Ejecutivo estatal, encabezado por la gobernadora Margarita González Saravia, a implementar acciones contundentes para lograr la despenalización del aborto en Morelos. El amparo fue promovido por 48 mujeres y personas gestantes.
La resolución establece que la gobernadora Margarita González deberá enviar al Congreso local una nueva iniciativa sobre la despenalización del aborto o, en su defecto, impulsar que se someta al pleno el dictamen que ya fue aprobado por la legislatura en mayo de 2025. En el mismo sentido, tanto la mandataria como los Servicios de Salud de Morelos están obligados a ejercer la facultad prevista en la fracción IV del artículo 4º del Estatuto Orgánico del organismo público descentralizado, con el objetivo de proponer una modificación al Código Penal del estado que se ajuste a los estándares internacionales en materia de interrupción del embarazo.
Mientras se concreta la reforma al Código Penal, la resolución ordena que no se apliquen los artículos que penalizan el aborto voluntario. En consecuencia, el Ejecutivo estatal y la Secretaría de Salud deberán habilitar un servicio de interrupción voluntaria del embarazo, con la responsabilidad de implementarlo, difundirlo y organizarlo. Además, se establece que el personal médico encargado de garantizar este servicio no podrá ser criminalizado por su participación en estos procedimientos.
El amparo de revisión 570/2024 destalla que La Suprema Corte en 2024 tuvo que debe decidir si fue correcto que un juez rechazara un amparo contra los Servicios de Salud del Estado de Morelos, ya que se les acusaba de no organizar ni ofrecer servicios de aborto voluntario. El juez consideró que esa omisión no existía porque las autoridades lo negaron en sus informes y la persona que presentó la queja no pudo probar lo contrario. La Corte resolvió que existió omisión al negar los servicios de aborto voluntario.
Actualmente solo seis estados de la república siguen sin despenalizar el aborto: Aguascalientes, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas