Duro contra la extorsión, la Ley General en materia busca cortar las fuentes de financiamiento del crimen organizado

Ayer, el Senado aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 constitucional. La medida busca homologar y coordinar esfuerzos para cortar el flujo de efectivo de la extorsión y frenar su incidencia, un delito que ha mostrado un crecimiento sostenido y que incrementa la percepción de inseguridad en el país.

Según la ENVIPE del INEGI, la extorsión continúa al alza. Por cada 100 mil habitantes se denunciaron 5,971 casos en 2024, frente a los 5,213 registrados en 2023. El delito se colocó como el tercero con mayor prevalencia, solo por debajo del fraude y el robo, y representa el 17% de los delitos en el país. En 19 entidades federativas, el delito más frecuente fue el fraude, seguido de la extorsión.

La ENVIPE también reportó que el costo total del delito y la inseguridad en los hogares ascendió a 269.6 mil millones de pesos. En promedio, cada persona afectada perdió 6,226 pesos, cifra que equivale al 1.07% del PIB.

Entre marzo y abril de 2025, el 75.6% de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su entidad federativa a causa de la delincuencia.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) señala que, durante 2024, la extorsión fue el delito más recurrente en ocho estados: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Guerrero, Tlaxcala, Tabasco y Chiapas. En estas entidades, persiste el conocido cobro de piso, donde integrantes de células criminales amenazan a locatarios, empresarios y trabajadores para exigir una cuota a cambio de la “protección” de su negocio o de su integridad física.

La presidenta Claudia Sheinbaum y los titulares del gabinete de seguridad reconocieron en la conferencia matutina del 8 de julio que la extorsión “es el único delito que no ha dejado de crecer” en los últimos años. Por ello, desde octubre se lanzó una campaña nacional para combatir este ilícito.

Frente a esta problemática, una de las decisiones clave para enfrentar el crimen, y golpear uno de los eslabones que sostiene financieramente a los grupos criminales, fue enviar al Pleno de San Lázaro, en octubre, una reforma para modificar y perseguir con mayor rigor el delito de extorsión, buscando quebrar una de las fuentes más nutritivas del financiamiento criminal.

Esta Ley General establece:

1. La distribución de competencias y los mecanismos de coordinación entre autoridades de los distintos órdenes de gobierno para prevenir, investigar, perseguir y sancionar el delito de extorsión y otros delitos vinculados.

2. El tipo penal básico aplicable en todo el país, sus sanciones, agravantes y figuras relacionadas con la extorsión.

3. Las reglas, procedimientos y disposiciones para la investigación, persecución, sanción y ejecución penal del delito.

4. Las acciones, programas y políticas transversales e interinstitucionales que las autoridades deben aplicar en sus ámbitos de competencia para lograr una prevención efectiva.

El impacto de esta ley generó debate. Parte de la opinión pública expresó preocupación sobre posibles riesgos a los derechos humanos. Ante ello, el Senado procuró actuar con cautela y sensibilidad frente a las inquietudes ciudadanas. El objetivo central es contar con un solo tipo penal de extorsión, claro y homologado, con penas acordes a la gravedad del delito y a su expansión hacia sectores como el comercio y la agricultura.

Ante esta reforma, el especialista en seguridad Rodrigo Cornejo explicó que la extorsión es hoy una realidad más frecuente para los negocios que el propio robo. Señaló que esta nueva Ley General establece un solo tipo penal de extorsión que la federación homologa con los estados. Antes, cada entidad debía coordinarse por separado, lo que fragmentaba la respuesta institucional.

Una de las modificaciones centrales es que se niega la libertad anticipada a quienes cometan este delito, y los servidores públicos involucrados enfrentarán penas más severas, que van de 15 a 25 años de prisión, con la expectativa de generar un efecto disuasivo real.

Cornejo subrayó que las ganancias provenientes de la extorsión (detectadas también por la Unidad de Inteligencia Financiera UIF) suelen movilizarse a nivel internacional, pasando por países como Panamá, Estados Unidos o Rumania. Por ello, la ley plantea combatir de manera frontal los mecanismos de blanqueo ligados a casinos, juegos, sorteos y paraísos fiscales, con el objetivo de cortar las fuentes de financiamiento del crimen organizado. Ese flujo financiero es el motor que sostiene el ciclo de extorsión, desde las amenazas físicas y el “cobro de piso”, hasta las llamadas telefónicas y el lavado posterior.

Respecto al artículo 27, la reforma establece , de forma resumida,  que, cuando la defensa alegue que una prueba fue obtenida violando derechos humanos, el juez deberá revisar de oficio si dicha evidencia puede mantenerse bajo criterios como fuente independiente, vínculo atenuado o descubrimiento inevitable. Esto busca equilibrar el debido proceso con la eficacia en la persecución del delito.

Donde las pruebas fueron obtenidas ilegalmente, la ley permite admitir ciertas evidencias si cumplen con el criterio de descubrimiento inevitable. En Michoacán, la extorsión es una de las principales fuentes de financiamiento de los grupos criminales. La reforma busca debilitar toda la cadena extorsiva, tanto en su modalidad análoga como digital. Esto incluye reforzar medidas en los centros penitenciarios, pues muchos generadores de violencia continuaban extorsionando desde prisión mediante dispositivos electrónicos. La nueva ley endurece los controles para impedir ese acceso.

Cornejo explicó que la extorsión opera con estructuras jerárquicas, lo que hace más viable intervenir sus redes mediante coordinación entre fuerzas civiles y fiscalías. En Michoacán, especialmente en la región de Uruapan, gran parte de los ingresos criminales proviene de la extorsión agropecuaria y negocios, por lo que el “Plan Michoacán” va acompañado de un refuerzo legal para limitar los recursos de estas células.

El blanqueo de capital suele mover recursos hacia paraísos fiscales. La extorsión genera grandes cantidades de efectivo proveniente de actividades lícitas, y el reto criminal es trasladarlo y convertirlo. Por eso los operativos carreteros en los 12 corredores prioritarios para la Guardia Nacional y la detección de negocios fachada (en coordinación con el Departamento del Tesoro) son esenciales.

Los grupos criminales usan contrabandistas o “mulas” que apuestan en casinos y luego transfieren los premios a cuentas en paraísos fiscales. Suelen reclutar a personas de bajos recursos. La UIF ha identificado redes con flujos hacia Panamá, Rumania y Estados Unidos, similares a las reveladas en los Panama Papers.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha mejorado los mecanismos de detección, pero el problema rebasa fronteras y exige cooperación internacional. Al intervenir juegos y sorteos, se corta una fase clave del lavado que convierte efectivo en dinero electrónico.

Mientras más se bloquee ese flujo, mayor será la reducción de violencia (incluyendo compra de armas y pagos criminales). La Convención de Basilea y otros instrumentos permiten congelar cuentas e incautar recursos ilícitos. El caso de Genaro García Luna lo ejemplifica. Al final se trata de recuperar riqueza arrebatada a trabajadores y empresarios en Michoacán y en todo el país.

La compartición de inteligencia (junto con la homologación y los esfuerzos de coordinación) busca romper las cadenas de extorsión e intervenir de manera efectiva. La integración de inteligencia entre fuerzas navales, civiles, militares y policiales está dando resultados. Estas acciones han permitido detectar e incautar recursos y hacer posible el corte financiero de los grupos criminales, debilitándolos.