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  • hace 3 horas
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Instruye Claudia Sheinbaum fortalecer la coordinación entre el Gabinete de Seguridad y la gobernadora interina de Sinaloa

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, tras la solicitud de licencia del gobernador Rubén Rocha Moya, instruyó al Gabinete de Seguridad trasladarse a Sinaloa para reunirse con la gobernadora interina Yeraldine Bonilla, con el objetivo de reforzar la coordinación en materia de seguridad y garantizar la presencia de fuerzas federales en la entidad.

Durante la Mañanera del Pueblo de este 4 de mayo, la mandataria explicó que el proceso relacionado con la solicitud de extradición promovida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rocha Moya y otros funcionarios se encuentra en una fase inicial. Precisó que instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitar a la Fiscalía General de la República un análisis para determinar si existen elementos de prueba que hagan procedente dicha petición.

Sheinbaum detalló que la solicitud se originó en una oficina del distrito sur de Nueva York, donde se presentó una denuncia que derivó en una petición de detención provisional con fines de extradición. No obstante, subrayó que esta figura requiere acreditar una urgencia específica, como el riesgo de fuga o de obstaculización de la justicia.

“La Cancillería plantea: ¿por qué es tan urgente?, ¿qué pruebas tienen? La Fiscalía solicita más elementos, porque no se presentaron pruebas que acrediten la urgencia”, explicó.

En ese contexto, enfatizó que la defensa de la soberanía nacional es un principio innegociable. “Nunca en la historia habían solicitado con carácter de urgencia una orden de aprehensión contra un gobernador. Me corresponde defender la soberanía y también la justicia; deben prevalecer la verdad, la justicia y la soberanía”, sostuvo.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la defensa de la soberanía y a garantizar que la vida pública se rija por principios de honestidad, verdad y construcción de la paz. “Es tiempo de la defensa de la soberanía y de garantizar al pueblo de México la honestidad y los principios. No vamos a traicionar la transformación”, afirmó.

La presidenta también aseguró que su gobierno actuará con firmeza ante este tipo de casos. “El pueblo de México debe tener la certeza de que la presidenta no agacha la cabeza y que va a defender la soberanía”, expresó, al tiempo que destacó que su administración cuenta con un equipo sólido para enfrentar este tipo de situaciones.

En cuanto a la estrategia de seguridad, subrayó que el envío del Gabinete de Seguridad a Sinaloa busca fortalecer la coordinación institucional y garantizar la protección de la población. “Que sepa el pueblo que mantenemos las fuerzas federales y que vamos a fortalecer la coordinación con la gobernadora interina”, indicó.

Sheinbaum también cuestionó la difusión pública del caso, al señalar que los procesos de extradición deben manejarse con confidencialidad. “¿Qué objetivo tenía sacarlo a ocho columnas si se sabe que debe haber reserva?”, planteó.

La mandataria afirmó que, a partir de la solicitud presentada en Nueva York, se ha desatado una campaña de desprestigio contra su administración y su movimiento. “Nosotros no protegemos a nadie. Llegamos para acabar con la corrupción”, sostuvo, al tiempo que destacó resultados en materia de seguridad, incluyendo la detención de funcionarios de distintos partidos vinculados a actividades delictivas.

Recordó que México ha colaborado con Estados Unidos en materia de seguridad, incluso con la entrega de 94 líderes de organizaciones criminales, y destacó que la estrategia de seguridad ha permitido reducir en 44% los homicidios en el país.

Finalmente, reiteró que existe confusión sobre la naturaleza de la solicitud estadounidense. Explicó que el tratado de extradición contempla dos vías: la solicitud formal y la petición de detención provisional por urgencia. En este caso, indicó, se trata de la segunda, pero no se han acreditado los elementos necesarios para justificarla, por lo que se requerirá información adicional. Solo si se presentan dichas pruebas, podría abrirse el plazo de 60 días para que un juez de control determine la procedencia del proceso.