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6 min El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el pasado 19 de septiembre una proclamación que introduce modificaciones significativas a la política migratoria del país. Entre las medidas anunciadas, destaca la cuota de 100,000 dólares en el programa de visas H‑1B para profesionistas altamente calificados así como la creación de una nueva modalidad de permiso de residencia conocida como la “tarjeta dorada”, que podrá ser adquirida por inversionistas extranjeros a cambio de un pago de 1 millón de dólares.
Bajo la nueva disposición, las compañías deberán pagar una tarifa anual de 100,000 dólares por trabajador, muy por encima de los actuales 215 dólares establecidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
Por otro lado, la denominada tarjeta dorada ofrece un camino hacia la residencia permanente y eventualmente a la ciudadanía estadounidense. Este permiso está dirigido a personas con alta capacidad financiera y tiene un costo inicial de 1 millón de dólares para solicitantes individuales. En el caso de empresas que busquen patrocinar empleados extranjeros bajo este esquema, el monto asciende a 2 millones de dólares. Según la proclamación, todos los solicitantes estarán sujetos a un proceso de evaluación exhaustiva (vetting) para verificar su elegibilidad.
Entre los requisitos para acceder a la tarjeta dorada, además del aporte económico, se incluyen criterios aún no detallados plenamente por la administración Trump. No obstante, se anticipa que los solicitantes deberán demostrar la legitimidad y procedencia de los fondos, así como un impacto económico positivo, lo cual podría incluir la creación de empleos o inversiones productivas en territorio estadounidense.
De acuerdo con Trump, estas medidas responden a una supuesta necesidad de proteger el mercado laboral estadounidense. Según el comunicado oficial, se busca reducir “el abuso” del sistema de visas laborales, en especial del programa H‑1B, que según el gobierno ha sido utilizado por empresas para contratar mano de obra extranjera a bajo costo, desplazando a trabajadores estadounidenses. Asimismo, se plantea que las nuevas tarifas representan una oportunidad para atraer inversión extranjera directa de alto nivel.
No obstante, estas disposiciones han generado críticas por parte de expertos en migración, organizaciones defensoras de derechos civiles y sectores empresariales, quienes advierten que los altos costos podrían restringir el acceso de talento internacional calificado y afectar la competitividad de diversas industrias.
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