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6 min Una jueza federal del distrito norte de Illinois, April Perry, emitió una orden de restricción temporal que impide al gobierno de Estados Unidos desplegar a la Guardia Nacional en Chicago y otras zonas del estado, mientras se resuelve un litigio sobre la legalidad de la medida.
El fallo responde a una solicitud presentada por el gobierno estatal de Illinois y organizaciones civiles, que argumentaron que el despliegue —anunciado por la Casa Blanca como parte de un operativo de seguridad nacional— violaba la Décima y la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, así como la Ley Posse Comitatus, que limita el uso de fuerzas militares en tareas de orden público interno.
En su resolución, la jueza Perry señaló que el gobierno federal “no presentó evidencia creíble de que exista una insurrección o amenaza interna que justifique la presencia de tropas federales” y advirtió que su envío “podría alterar el equilibrio constitucional entre el gobierno federal y los estados”.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que analiza apelar la decisión, argumentando que el despliegue se justifica ante el “incremento de la violencia armada” y la necesidad de “proteger infraestructura crítica” en la región.
Por su parte, la gobernadora de Illinois, J.B. Pritzker, celebró la resolución y afirmó que “la seguridad pública debe garantizarse con instituciones civiles, no con fuerzas militares federales”. Organizaciones locales de derechos civiles calificaron el fallo como una “victoria para la autonomía estatal y el control civil sobre la seguridad interna”.
La suspensión tiene carácter temporal, hasta que el tribunal determine si la Casa Blanca tiene autoridad para ordenar el despliegue sin el consentimiento del estado. La audiencia para revisar el fondo del caso fue programada para las próximas semanas.
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